Debacle de los agentes sociales

Sindicatos y patronal acusan la sacudida de la corrupción. Los ERE de Andalucía y los cursos de formación suponen la mayor cantidad defraudada en la Unión Europea: 3.217 millones de euros.

Además de los dirigentes políticos, tanto la patronal como los sindicatos se han visto gravemente afectados por los golpes asestados por la corrupción. Los corruptos han brotado en España como si de una epidemia se tratara. Son de todos los colores, ideologías y sectores. La extensión de la picaresca «typical spanish» ha incendiado las calles, y los ciudadanos exigen depurar responsabilidades. Los agentes sociales no sólo han empezado a cavar su propia tumba, sino que han cambiado los despachos por grilletes y calabozos.

La sociedad actual está vertebrada alrededor de la actividad empresarial, donde sindicatos y patronal deberían jugar un papel fundamental. Durante los últimos años, ni unos ni otros han actuado como los ciudadanos esperan. La corrupción lo corrompe todo, daña la credibilidad del entramado y representa la peor perversión del sistema, una auténtica catarsis. La bochornosa agenda mediática exige un cambio de protagonistas y un gran pacto contra los corruptos.

En Andalucía, por ejemplo, algunos han cambiado sus trajes de lunares para bailar flamenco por la indumentaria de los presidiarios. Los ERE o los cursos de formación han carcomido la imagen de los agentes sociales de manera muy relevante. Sandalio Gómez, profesor del IESE, considera que la retahíla de escándalos de estas últimas semanas, con las «black card» de Caja Madrid, han acabado de darles la puntilla. «Ni salen a la palestra a defenderse ni toman el papel proactivo que la sociedad les demanda. Lo más grave para estas instituciones es la pérdida de credibilidad y confianza, así como el grado de incoherencia que transmiten entre las ideas que preconizan y su actuación reiterada». De igual modo, explica que no se dan cuenta que más allá de dañarse a sí mismos, deterioran la calidad de la democracia y de la sociedad de convivencia. «Se hace necesaria una regeneración completa y una adaptación ideológica y práctica a la realidad de la España del siglo XXI».

Lado más oscuro

Estupefactos y sorprendidos, los españoles fueron testigos de cómo el líder de la minería asturiana, José Ángel Fernández Villa, defraudó 1,4 millones de euros a Hacienda, del saqueo que realizó a Marsans el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o del uso que hizo el todavía presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, de las tarjetas opacas de Caja Madrid –entidad de la que percibió 154.000 euros en 2011–. Daniel Lacalle, economista y escritor, resalta que estos escándalos no sólo muestran el lado más oscuro de la corrupción, sino que «dejan claro que los trabajadores, a los que se suponía que defendían, no eran más que una excusa, una pantalla para mantener el mismo sistema clientelar y corrupto que criticaban en otros sectores económicos». La corrupción en los sindicatos no se trata de ninguna novedad, véanse casos como el de Jimmy Hoffa en Estados Unidos, pero la sociedad monta en cólera al ver que «se benefician económicamente del alto desempleo estructural», denuncia Lacalle.

La utilización de los parados y de los más desfavorecidos como fuente de lucro constituye uno de los aspectos más lastimosos de los muchos escándalos acontecidos. Lacalle piensa que resulta indignante que el mayor caso de corrupción de la Unión Europea provenga del fraude en los cursos de formación a desempleados. De hecho, los casos ERE y Edu no sólo suponen la mayor cantidad defraudada en la Unión Europea, unos 3.217 millones de euros, sino que muestran que «los sindicatos no tienen incentivos para ayudar a que se reduzca el paro. Más bien se benefician de que haya un mayor número de desempleados», sentencia.

Práctica extendida

Saltaron las alarmas en Europa, donde la corrupción es una práctica altamente extendida. Según la Comisión Europea, cuesta a la economía unos 120.000 millones de euros, y España se encuentra entre los países con más casos identificados. De hecho, el 95% de los españoles considera que la corrupción es generalizada.

Nuestro país vuelve a estar en el centro de la diana y a sonrojarse ante escándalos de tal envergadura. Desde Bruselas reconocen los esfuerzos acometidos para acabar con este mal endémico, pero instan a redoblar la voluntad por aprobar reglas claras sobre financiación de partidos, atajar el gasto autonómico y local, elaborar códigos de conducta de políticos e imponer la transparencia. De igual modo, recomiendan esclarecer los métodos de licitación de contratos públicos, regular las actividades de los grupos de presión o «lobbies» y proteger a quienes decidan desvelar nuevos casos.