Guillén de Castro (1569-1631), en «Las mocedades del Cid», cuenta la historia del Conde Lozano que prefiere batirse en duelo antes que reconocer un error y, por eso, presume de «sostenella y no enmendalla».

El «Gran apagón» ibérico del pasado lunes, 28 de abril, ha demostrado la vulnerabilidad de todo un sistema eléctrico del siglo XXI que, hasta hace solo unos días, muchos –sobre todo el Gobierno– consideraban invulnerable y seguro al 100%, al margen de algunas advertencias, que están ahí.

Todo ocurrió, además, menos de dos semanas después de que Redeia, el operador de la red eléctrica española, que preside la ex-ministra Beatriz Corredor, confirmara –y se publicara– que las fuentes de energía renovables habían cubierto completamente «la demanda de electricidad en todo el sistema peninsular por primera vez el 16 de abril».

Para más precisión, el hito ocurrió a las 11,15 de ese miércoles –día laborable, aunque en vísperas de Jueves Santo–, cuando la energía eólica generó el 45,8% de la producción total; la hidroeléctrica, el 23,1%; la termosolar, el 2%; las otras energías renovables, el 1,9% y los residuos renovables, el 0,2%. El sueño ecológico tan impulsado por la ex-ministra y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, de prescindir de cualquier energía «no limpia», es decir «no renovable», se esfumó con brusquedad a mediodía de un soleado lunes, 28 de abril.

El «Gran apagón» exige ahora una explicación y también la búsqueda y puesta en marcha de iniciativas para evitar su repetición, algo que en estos momentos ya no parece imposible. Lo primero, en cualquier caso, es aclarar, sin que queden ni tan siquiera dudas razonables, qué ha ocurrido.

Pedro Sánchez, por algún motivo, no parece satisfecho con las primeras explicaciones de los responsables de Redeia que descartan toda posibilidad de ciberataque. El presidente ha anunciado una investigación interna, al mismo tiempo que arremetía contra la energía nuclear.

Para él «las centrales nucleares han sido más un problema que una solución». Argumenta que, en un primer momento del apagón, hubo que desviar toda la energía necesaria para asegurar los servicios de seguridad de las instalaciones nucleares. Todo indica que quiere impedir las reacciones, que ya han llegado, y parar la corriente de opinión favorable a una prórroga de la vida útil de las centrales nucleares.

Hay, de forma más o menos directa, conversaciones con las compañías eléctricas propietarias de las que siguen activas, para su extensión temporal unos años más. La presidenta extremeña, María Guardiola, del PP, ha iniciado una campaña para impedir el cierre de Almaraz. En la Moncloa no les preocupa, pero si están más intranquilos por la postura que pudiera verse obligado a adoptar Salvador Illa, por presión de los «indepes» de Puigdemont –sin descartar los de Junqueras– para que Ascó y Vandellós sigan en funcionamiento durante un tiempo porque son esenciales para la industria catalana.

El «Gran apagón», diga lo que diga Sánchez, complica desde el punto de vista político los deseos del Gobierno, una postura que ahora tiene que defender la sucesora de Teresa Rivera, la vice Sara Aagesen.

La pelota, y esta vez muy difícil de jugar y más de controlar, está en el tejado del Gobierno que ha puesto el listón muy alto al anunciar una investigación «interna». Puede ocurrir, eso sí, que como en tantas ocasiones, todo quede en intenciones y no vaya más adelante, ante el riesgo de que los resultados no sean los que desean en la Moncloa.

Hace poco más de un mes hubo un informe, publicado en la mayoría de los países de la Unión Europea, que advertía de riesgos de apagones. Redeia, sin duda de forma precipitada, emitió un comunicado –distribuido también a través de las redes sociales– en el que aseguraba, de forma tajante, que no existía ningún riesgo de apagón en España.

La realidad, solo unas semanas después, ha demostrado que eso era falso. El Gobierno, claro, intenta lavarse las manos como un Pilatos postmoderno, pero millones y millones de españoles ya lo han apuntado en su debe.

El problema, es que el apagón ha constatado la debilidad de la red eléctrica ibérica. Todo indica que la explicación, muy técnica, de Redeia, de distintos fallos es la más cercana a la realidad, algo que descartaría el ciberataque.

Sin embargo, la amenaza cibernética es ahora más real que nunca porque el «Gran apagón» ha mostrado las debilidades del sistema, que ahora alguien –un servicio secreto por ejemplo– podría intentar utilizar, consciente de la debilidad añadida que supone que el Gobierno insista en cerrar las nucleares en una actitud de «sostenella y no enmendalla», como escribió Guillén de Castro.