La dudosa culpa en la crisis de la vivienda de los extranjeros no residentes perseguidos por el Gobierno: capturan menos de un punto del mercado

Agrandes males, grandes remedios. Y el de la vivienda es un problema de enorme magnitud al que desde el sector se cree que el Gobierno está tratando de poner remedio con algunas medidas de corte más populista y efectos más que limitados que afectan a una parte muy pequeña del mercado.

Entre la batería de propuestas que el Ejecutivo pretende sacar adelante con una proposición de ley que presentó el pasado mes de mayo el PSOE y que acaba de reactivar en el Congreso de los Diputados figura un nuevo impuesto estatal para gravar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes. El objetivo teórico de la medida es acabar con la inversión especulativa en vivienda. Pero su alcance real, sin embargo, parece más discutible a la vista de que, con la estadística en la mano, la incidencia en el mercado de estos compradores es casi nula en términos globales.

Según los datos que maneja el Consejo General del Notariado, hasta agosto pasado, las compras de viviendas realizadas por extranjeros no residentes en España representaron el 7,5% del total de operaciones. Pero estos extranjeros no sólo compran. También venden viviendas, que es la otra parte de la ecuación que el Ejecutivo no mencionó al plantear la medida. En ese periodo, sus ventas representaron el 6,9% del total. Es decir, que en términos reales, este segmento capturó menos de un punto del mercado residencial nacional.

Ni siquiera en 2013, cuando alcanzaron su pico de incidencia en el mercado de los últimos años, su efecto fue relevante. Frente a un 11,6% de las compras, estos ciudadanos ejecutaron también un 8,8% de las ventas del mercado.

La incidencia de estos compradores en el mercado residencial español en términos geográficos está muy concentrada en algunas zonas de la costa. Cierto es que en Alicante acaparan el 35,9% de las operaciones, por el 30,2% en Cádiz, el 26,9% en Baleares y el 24,6% en Canarias. Pero como se ha dicho desde el sector inmobiliario, la mayoría de las viviendas que adquieren estos compradores son de lujo, un segmento en el que no se localizan los problemas residenciales en España.

No es extraño que la semana pasada, durante la presentación del nuevo portal estadístico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro de Tecnología del Notariado, previniese contra la tentación de poner en marcha políticas basadas en análisis de datos que no son completos.

El nuevo impuesto que proyecta el Gobierno y que quiere impulsar a través del PSOE, que no se cederá a las autonomías para evitar la doble imposición, gravaría la compra de inmuebles, excepto los derechos reales de garantía, en España (con la excepción del País Vasco y Navarra), pero solo afectaría a personas físicas y empresas no residentes en la Unión Europea. No afectaría, en todo caso, a empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad, excepto si esta actividad está exenta de IVA, escenario en el que sí pagaría este nuevo impuesto.

Medidas poco efectivas

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por reconducir la crisis de la vivienda, la realidad es que los precios no se frenan y los jóvenes, el grupo quizá más afectado por la situación actual, tienen cada vez más dificultades para acceder a una. Y las medidas específicas diseñadas por el Ejecutivo para facilitarles su emancipación tampoco están funcionando.

El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, está viendo cómo mejorar la línea de avales ICO para ayudar a jóvenes y familias con hijos a comprar su primera vivienda, que nació con una dotación de 2.500 millones, pero que un año después apenas ha concedido 200 millones para adquirir 8.400 pisos. Fuentes de Vivienda han indicado a EFE que estudian cómo mejorar esa línea que pretendía ayudar a la compra de unas 50.000 viviendas y cuyo plazo, que concluye el próximo 31 de diciembre, se va a prorrogar, al no haber entrado inmediatamente en funcionamiento por la incorporación progresiva de las entidades financieras.