El Gobierno toca a rebato en vivienda y reactiva el plan para subir impuestos a casas vacías, segundas residencias y fijar un IVA del 21% a las turísticas

El Gobierno toca a rebato con la vivienda. Ya sea porque considere que sus políticas no están surtiendo los efectos deseados o porque el socio de coalición del PSOE, Sumar, aprieta para que la ministra socialista, Isabel Rodríguez, tome medidas más contundentes, lo cierto es que en solo dos días, ha engrasado la maquinaria para avanzar en más planes para el sector tanto en Europa como en España. Todos, eso sí, de corte más intervencionista.

El PSOE prepara para ello la reactivación antes de fin de año la tramitación en el Congreso de una proposición de ley que registró en mayo pasado para favorecer el alquiler de viviendas a precios asequibles, con medidas fiscales, regulatorias y de movilización de pisos.

La iniciativa lleva "congelada" cinco meses, porque el grupo socialista no tiene garantizados los apoyos necesarios para superar la primera votación en el pleno, pero fuentes del Ministerio de Vivienda han asegurado a Efe que la ley se activará este "otoño", lo que supone que su toma en consideración se debatirá antes de fin de año.

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Esta ley, anunciada por la propia Rodríguez tras una reunión con el Grupo Socialista en la Cámara Baja, que recogelos compromisos en materia de vivienda anunciados a principios de año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se articula en cuatro ejes. El primero, destinado a limitar los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de no residentes, incluye la subida del IVA a pisos turísticos al 21% y unnuevo impuesto estatal para gravar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, destinado, según los socialistas, a evitar la compra especulativa. Este impuesto, que no se cederá a las autonomías para evitar la doble imposición, gravaría la compra de inmuebles, excepto los derechos reales de garantía, dentro de España (excluyendo los casos del País Vasco y Navarra), pero solo afectaría a personas físicas y empresas no residentes en la UE. No afectaría, en todo caso, a empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad, excepto si esta actividad está exenta de IVA, escenario en el que sí pagaría este nuevo impuesto.

Para asegurar la permanencia del parque público de vivienda, el PSOE propone una regulación de la transmisión a la Nueva Empresa Estatal de Vivienda, antigua Sepes, de suelos y Patrimonio del Estado para destinarlos a políticas de vivienda asequible. Además, también plantea la modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de las viviendas bajo la titularidad de Sepes, para proteger así la asequibilidad de las mismas.

Para fomentar la bajada de precios en los alquileres y frenar la especulación, los socialistas incluyen la modificación de la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), que pasarán de tributar del 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible, en cuyo caso la tributación será nula. La proposición baraja dos supuestos de reducción de este incremento al 25%: reducción en un 50% para entidades que destinen al alquiler asequible más del 60% de su parque total de vivienda y una reducción del 100% para el caso de las entidades que destinen al alquiler asequible más del 60% de su parque de vivienda y sus beneficios se reinviertan, en el plazo de tres años, también en alquiler asequible.

En su propuesta, el PSOE entiende por viviendas destinadas al alquiler a precio asequible aquellas cuya renta arrendaticia estépor debajo del Índice de Precios del Ministerio de Vivienda; o queno superen el importe de 26.400 anuales; y siempre que cumplan alguno de estos dos requisitos: que se destinen a satisfacer la necesidad de vivienda permanente y sean vivienda protegida o la renta a satisfacer no supere el 30% de los ingresos del hogar.

Los socialistas también pretenden aumentar la tributación por vivienda vacía para incentivar su salida al mercado del alquiler estableciendo una mayor progresividad con más tramos de tributación, cuyo porcentaje se actualizaría en coordinación con Hacienda; e incluir una extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas siempre que se alquilen por debajo del precio de referencia del Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda.

En relación a los cambios fiscales, el plan contempla una tabla con tramos de tributación del IRPF para los dueños de viviendas vacías del que sólo se excluye a la vivienda habitual y el suelo no edificado, lo que abriría la puerta a subidas para las segundas residencias.

La proposición incluye asimismo una modificación de la Ley del IRPF para ampliar a 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética, otra de la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda y hacer frente al déficit habitacional y la actualización de las tablas del Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

La reactivación de este plan trasciende un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamase a la Comisión Europea, en el seno del Consejo Europeo, medidas legales para reducir la compra de vivienda para uso no residencial, facilitar la posibilidad de actuar en las zonas especialmente tensionadas, y un fondo europeo para financiar la construcción de vivienda protegida.

Ataques de Sumar

Tanto el anuncio de Vivienda como el de Sánchez se han producido inmediatamente después de que Sumar haya aumentado la presión sobre el PSOE en esta materia, sugiriendo incluso la posibilidad de que la ministra renuncie a su cargo si no es capaz de tomar medidas más rotundas para atajar el problema. La formación de Yolanda Díaz ha criticado además a Rodríguez por lanzar en apenas dos semanas dos iniciativas muy polémicas y criticadas, el teléfono de vivienda 047 y un anuncio fuertemente criticado en redes sociales, en lugar de dedicarse a buscar soluciones para la vivienda.

Los socios de los socialistas presentaron hace unos días su propio decreto ley en el que recogen medidas como congelar los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos, regular los alquileres de temporada, habitaciones y turísticos con un nuevo régimen sancionador, y aprobar reformas fiscales y legales que frenen la compra especulativa de vivienda.