Los economistas cargan contra Hacienda: "El retraso de VeriFactu provoca costes adicionales a las empresas e inseguridad jurídica"

Las criticas contra la decisión de Hacienda se postergar la implantación del sistema de facturación Verifactu empieza a recibir duras críticas. El último en hacerlo ha sido el Consejo General de Economistas (CGE), que ha cargado contra el retraso de la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas porque "un cambio tan tardío complica la organización interna de las empresas y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo".

Por ello, han advertido que la inseguridad jurídica que ha generado para las empresas que ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos, porque "afectan especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa y menor margen para absorber imprevistos". En este contexto, han puesto de manifiesto que es imprescindible que "los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora" y que estas se mantengan "estables en el tiempo para permitir a las empresas y empresarios planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres".

Aunque el CGE reconoce que la ampliación del plazo puede suponer un "respiro" para las empresas que todavía se estaban adaptando al nuevo reglamento, para las que ya lo habían hecho va a implicar "costes adicionales derivados de ajustes de última hora". Los economistas reiteran que los plazos de entrada en vigor se tienen que mantener estables para mantener certidumbre legislativa".

El Consejo de Ministros decidió posponer un año la entrada en vigor del reglamento Verifactu -que obliga a todas las empresas y profesionales a adaptar sus sistemas informáticos de facturación para avanzar en la lucha contra el fraude- hasta el 1 de enero de 2027 para quienes tributan en impuesto de Sociedades y el 1 de julio de ese año para el resto.

Hacienda defiende que este retraso pretende "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales" a las empresas y profesionales, por lo que el aplazamiento da mayor margen para adecuar los sistemas informáticos, al tiempo que garantiza una implantación "ordenada y homogénea" del nuevo sistema, cuya misión es "dar más seguridad y trazabilidad a la facturación". La medida se ha incluido en un real decreto ley que recoge diversos compromisos pendientes con Junts, que tendrá que ser convalidado en el Congreso.