Los testigos del juicio por la salida a Bolsa de Bankia acorralan a la entonces dirección del Banco de España.

El Banco de España que gobernaba el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), en tiempos de los Gobiernos de Zapatero, en el mejor de los casos, miró hacia otro lado en la salida a Bolsa de Bankia. MAFO, como apuntan en privado algunos antiguos colaboradores, nunca quiso que afloraran problemas con las antiguas cajas de ahorros y trabajó para sortear el problema. El Banco de España, sin embargo, cada día parece más claro que estaba al cabo de la calle. El lunes, el inspector José Antonio Delgado Manzanares declaró en la Audiencia Nacional que Bankia salió a Bolsa con «información incorrecta». Ayer, otro inspector, José Antonio Casaus, explicó a los magistrados que juzgan a Rodrigo Rato y a su equipo que todo el proceso fue una «imprudencia» y admitió que él, como inspector –y por tanto el Banco de España–, cometió «un error». Todo se complica porque el propio Casaus admitió ante el tribunal que su propósito inicial era elaborar un informe en el que explicaría que faltaban entre 8.000 y 12.000 millones de provisiones –que podrían ser de capital–, pero que de alguna manera su superior, Pedro Comín, en la institución que gobernaba Ferández Ordóñez, le sugirió o le pidió que su dictamen «no comprometiera mucho», se supone que la operación.

La declaración de Casaus, que en cualquier caso pone en almoneda a Fernández Ordóñez y a su equipo, se inscribe en una delgada línea técnica que, en cierta medida, enmascararía lo ocurrido. Casaus declaró que «al final, Bankia cayó porque BFA (Banco Financiero y de Ahorros), matriz y propietaria de la mayoría de las acciones de la entidad financiera, «era inviable». «Si hubieran sido dos bancos independientes –añadió–, BFA hubiera sido intervenida y Bankia, no». El inspector defendió una cierta ambigüedad, porque explicó que no descartaba que el proyecto inicial de Caja Madrid con otras cinco entidades hubiese podido llegar a ser asumible. En definitiva, tras la declaración de Casaus, que alega que «no fue una época nada fácil ni para gestionar ni para supervisar», la Justicia afronta el desafío de determinar la responsabilidad de Rato y de su equipo, pero también la del Banco de España, porque dio su visto bueno a una operación que no hubiera podido culminar. Sin ese aval de MAFO, aunque fuera por omisión y que in volucra al Gobierno de la época, es improbable que miles de inversores –sobre todo particulares– se hubieran animado a comprar acciones de Bankia en su salida a Bolsa, al margen de una rentabilidad imposible de asegurar. Ahora, esa «imprudencia» depende de la Justicia.