Los empresarios rechazan los pactos de Sánchez porque "crean un difícil clima para el empleo y la economía"

Los empresarios dejan claro su rechazo de los pactos alcanzados entre el PSOE y sus socios de investidura porque "no preservan la paz social" ni la "convivencia entre todos" los ciudadanos amparados por la Constitución, por lo que exigen que cualquier decisión que se tome se sitúe dentro de los márgenes de la Carta Magna y a margen de cualquier interés político o partidista. "El objetivo de todos debe ser preservar la paz social y la convivencia dentro de los márgenes constitucionales y, por ello, hacemos un llamamiento para situar estos principios por encima de cualquier otro interés", explicita el texto firmado por la patronal CEOE.

Esta es la conclusión final de la resolución del Comité Ejecutivo extraordinario de la Confederación empresarial celebrado este lunes, que se ha unido a la interminable lista de instituciones, organismos y asociaciones que se han manifestado en el mismo sentido. En el caso de los empresarios denuncian que las últimas decisiones tomadas por el Gobierno en funciones está creando un "clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo". A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una "previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española".

En este sentido han recordado que debe de respetarse la independencia empresarial y el "derecho para decidir en qué lugar desarrollar su actividad", además de insistir en que "la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica".

También han lanzado otro dardo al Gobierno por "la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva" y, en general, el "menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral. Acuerdos estos últimos que suponen, de facto, una vulneración del marco de relaciones laborales y de espacios de consenso". Por eso, han defendido que las empresas españolas tienen un claro "papel constitucional y nuestra responsabilidad como interlocutor social es seguir trabajando desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado".

Asimismo, los empresarios han puesto de manifiesto que, mientras se centra el debate público en "cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado".

Para rematar, han disparado sobre el "grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo". Además, ha puesto énfasis en que los acuerdos afectan "de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia",

Antes incluso de la publicación de este comunicado, el Ministerio ya se había puesto la venda y cargaba contra la reacción de los empresarios contra los pactos. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, reclamó a la CEOE que se apartara de "proclamas ideológicas" y les exhortó a que "se dediquen a lo que saben hacer, que es negociar las mejores medidas para mejorar el mercado de trabajo".