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El Gobierno simplifica el cambio de sede para agilizar la salida de empresas

  • El ministro de Economía, Luis de Guindos
    El ministro de Economía, Luis de Guindos
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

06 de octubre de 2017. 21:41h

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Madrid. 5/10/2017

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto ley por el que las empresas podrán decidir cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, lo que facilitará la salida de Cataluña de las empresas que así lo decidan. Según ha informado hoy el Ministerio de Economía en un comunicado, este nuevo procedimiento se aplicará a todas las empresas salvo aquellas cuyos estatutos incluyan una «mención expresa» por la que el consejo de administración no pueda ser competente para el cambio de sede.De acuerdo a una disposición transitoria del real decreto ley, existe esa mención cuando, tras la aprobación de la normativa, se cambien los estatutos para declarar «expresamente» que «el consejo no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social», ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos. Este real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional conlleva la agilización de los traslados, lo que llega en un momento en que numerosas empresas con sede en Cataluña han decidido o se están planteando cambiar su domicilio ante la deriva secesionista y la situación de inestabilidad.

De Guindos ha explicado que esta medida responde a la «petición» de «una serie de instancias empresariales», según su Ministerio «ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional», en clara referencia a Cataluña.

Además, Economía justifica la «extraordinaria y urgente necesidad» de la medida para garantizar el principio de libertad de empresa y la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos.

«La decisión sigue siendo de la empresa», ha insistido el ministro, que ha añadido que esta modificación normativa ha sido «comentada» con otros grupos parlamentarios, en particular PSOE y Ciudadanos.

El éxodo de empresas de Cataluña es imparable. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran atrapadas por una legislación que el Gobierno ha modificado hoy mismo para facilitar el cambio de domicilio social de cualquier empresa en cuestión de horas con el único acuerdo del consejo de administración. Se trata de solventar, entre otros, el caso de CaixaBank, que en sus estatutos recoge que cualquier decisión en ese sentido debe de ser aprobada por la junta general de accionistas, un proceso demasiado complejo y dilatado en el tiempo para la situación de excepcionalidad a la que han llevado Puigdemont y Junqueras a las empresas catalanas y al conjunto de la sociedad española.

El Ejecutivo modificó en 2015 la Ley de Sociedad de Capitales ante la creciente presión secesionista en Cataluña. Las grandes empresas con sede social en esta región demandaron entonces al Gobierno que facilitara mediante una disposición transitoria la opción de cambiar a otra comunidad autónoma el domicilio de la empresa ante cualquier eventualidad sin necesidad de la aprobación de la junta de accionistas.

El cambio en el artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital facilitó que «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional». La excepción con la que en 2015 las grandes empresas catalanas quisieron darle a esta modificación un carácter de excepcionalidad y disuario ante los envites secesionistas del gobierno regional se ha vuelto hoy en su contra.

Por eso, el Ejecutivo ha dedicido suprimir ese obstáculo para que el Consejo de Administración de CaixaBank decida en su reunión de hoy el posible traslado de su sede social a Palma de Mallorca para evitar la prevista declaración unilateral de independencia que han anunciado el tándem Puigdemont-Junqueras. De lo contrario, CaixaBank podría haberse visto atrapada ante un acto ilegal de sedición que hubiera seguido castigando su cotización en la Bolsa de Madrid y penalizado gravemente a sus accionistas.

La decisión del Gobierno responde a un clamor por parte del empresariado que mantiene su sede social en Cataluña, especialmente de las empresas con necesidades financieras en los mercados, que pueden ver castigado su acceso a los mismos y de aquellas con fuertes intereses tanto en el resto de España como en Europa o en aquellos países con los que la UE mantiene acuerdos comerciales. De hecho, en el último trimestre el saldo de entradas y salidas de empresas de Cataluña fue claramente negativo. Perdió 78 firmas, más del triple que la segunda región que registró más pérdidas netas (Andalucía, -24).

Aunque Cataluña logró la entrada de 131 empresas entre abril y junio pasados, fue la segunda tras Madrid en la que más empresas se mudaron a otra comunidad (209 por las 323 de Madrid). Sin embargo, 209 firmas salieron de Cataluña en ese periodo. Por contra, 408 empresas se mudaron a Madrid, el 24,02% procedentes de Cataluña, con un balance favorable de 85 empresas.

En éxodo es imparable. Ayer mismo, la operadora de telecomunicaciones Eurona Wireless acordó trasladar su sede de Barcelona a Madrid, una decisión que justificó por su estrategia de crecimiento y reorganización interna. Tras el anuncio, sus acciones de la compañía se revalorizaron un 7%. En el mismo sentido, el distribuidor odontológico Proclinic Expert, traslada su domicilio social de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a Zaragoza.

Catalana Occidente, con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), aseguró que si es necesario tomará «de forma ágil las decisiones que sean oportunas, para preservar los intereses de nuestros clientes, trabajadores, mediadores y accionistas». Mientras, Moody’s advirtió de que la tensión puede generar una posible devaluación del valor de la cartera de oficinas Merlín y Colonial tienen en Barcelona.

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