La parálisis política pone en riesgo miles de millones de fondos europeos en 2026

España afronta crecientes obstáculos para culminar el despliegue de los fondos europeos a poco más de un año de que expire el plazo para completar el Plan de Recuperación y Resiliencia (MRR), según alerta la agencia S&P Global Ratings.

Con el límite fijado en el 31 de agosto de 2026 para ejecutar íntegramente las subvenciones y préstamos asignados dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE (RRF, por sus siglas en inglés), el instrumento central del programa europeo Next Generation EU, el ritmo de ejecución necesario para agotar los fondos y cumplir las condiciones vinculadas a las futuras entregas dista mucho de ser el necesario.

Hasta la fecha, el Gobierno central ha gastado el 68% de los 55.100 millones de euros en subvenciones recibidos, un volumen equivalente al 3,5% del PIB español de 2024. Aunque España solicitó también la totalidad del paquete de préstamos, por un valor de 83.200 millones, solo ha utilizado un 20%. S&P considera que las favorables condiciones de mercado y la amplia disponibilidad de subvenciones han restado atractivo al endeudamiento comunitario, lo que lleva a pensar que el país no agotará la totalidad del crédito disponible.

Sin embargo, más allá de la elección entre subvenciones y préstamos, la agencia subraya un problema más profundo: la complejidad política y administrativa que lastra la ejecución del plan. En su análisis, apunta que la fragmentación del Parlamento nacional dificulta la tramitación de reformas legislativas necesarias para acceder a los siguientes desembolsos. Según los últimos datos de la Comisión Europea, España ha completado alrededor del 79% de las 192 reformas comprometidas y solo el 30% de las 323 inversiones previstas. Aunque estos avances permitieron recibir los primeros cinco tramos de financiación, el país quedó sin percibir 1.100 millones de euros del quinto desembolso al no cumplir todos los requisitos, entre ellos parte de la reforma fiscal -incluido el capítulo relativo al diésel- y la modernización de las administraciones públicas.

Las próximas entregas, ligadas a 34 reformas y 226 inversiones, se presentan especialmente complejas. La mitad de estas actuaciones requieren aprobación parlamentaria, un escenario complicado en un Congreso fragmentado y con apoyos muy ajustados. A ello se suma la capacidad administrativa limitada, que ha ralentizado la gestión de los fondos, la supervisión anticorrupción, los procesos de concurrencia y las exigencias de las reglas de ayudas de Estado.

La situación no es homogénea en todo el territorio. Cerca del 40% del total de subvenciones debe ejecutarse a través de las comunidades autónomas, que hasta ahora han recibido 29.100 millones de euros. Pese a que esto les ha permitido aumentar un 60% su inversión respecto a 2019, S&P advierte de que el nivel absoluto de inversión pública sigue por debajo de los promedios históricos.

Además, la ejecución presenta fuertes disparidades: algunas regiones han usado apenas el 30% de los fondos asignados, mientras otras superan el 75%. Entre las más avanzadas, Madrid y País Vasco, y en el furgón de cola, Cantabria, Cataluña o Navarra. Este diferencial refleja diferencias en capacidad administrativa, dinamismo económico y capacidad para movilizar proyectos.

Asimismo, la agencia señala que la estrategia centralizada de definición de prioridades ha generado programas que, en determinados territorios, no se ajustaban a las necesidades reales, provocando falta de demanda y retrasos adicionales.

Este desigual avance podría acarrear consecuencias en 2026. Las regiones con menor grado de ejecución podrían enfrentarse a devoluciones de fondos o reasignaciones.

Un ejemplo ilustrativo es el escaso uso de los préstamos canalizados a través del Fondo de Resiliencia Autonómica del Banco Europeo de Inversiones: solo la Comunidad de Madrid ha recurrido a este instrumento, por un valor de 234 millones de euros. S&P atribuye esta baja utilización a la limitada capacidad de absorción y al elevado umbral mínimo de los préstamos, fijado en 50 millones.

La agencia recuerda que, sin el apoyo del MRR, muchas inversiones regionales en digitalización, transporte, vivienda o sanidad habrían sido aplazadas, reducidas o directamente canceladas. De hecho, si los 29.100 millones recibidos hasta septiembre de 2025 se hubieran contabilizado como deuda, el endeudamiento autonómico habría escalado al 165 % de sus ingresos operativos. Las subvenciones han evitado ese deterioro y reducido en 2,5 puntos porcentuales el déficit postinversiones acumulado desde 2021.

Consciente del riesgo de que varios Estados miembros no logren ejecutar todos los fondos en plazo, la Comisión Europea anunció en junio de 2025 una mayor flexibilidad para acelerar el uso del dinero pendiente: desde la reorientación hacia otros programas europeos, como InvestEU, hasta la ampliación de líneas de financiación mediante bancos públicos o el refuerzo de proyectos ya en marcha. El Gobierno español está revisando su plan en este contexto, y S&P prevé que presente la versión actualizada antes de que finalice el año.

Pese al volumen de recursos movilizados, la inversión pública en España apenas ha aumentado en proporción al PIB y sigue por debajo de la media europea, un patrón persistente desde la crisis financiera. Además, la agencia observa que la prefinanciación adelantada por el Estado desde 2021 podría generar tensiones si España no accede a los 24.700 millones de euros aún pendientes del paquete de subvenciones: sin esos fondos, no podría cubrir completamente el gasto ya ejecutado.

Para S&P, los efectos económicos de los fondos europeos se desplegarán de manera más visible en los próximos años, especialmente cuando se reactive la inversión privada, que ha sido desplazada temporalmente por el fuerte impulso inversor del sector público. Actualmente, el 78 % de los mayores beneficiarios de los fondos son entidades públicas centradas en transporte, digitalización y sanidad. No obstante, los nuevos programas orientados a estimular la demanda de crédito privado podrían acelerar la materialización del impacto económico del plan.