La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue en su senda de dar un tratamiento retributivo polémico a los diferentes sectores. Así, ha publicado esta misma semana la referencia de «beneficio razonable» para el sector ferroviario en la que se incrementa en medio punto porcentual la tasa que aplicará en la supervisión de los precios que pagan las empresas por acceder a las instalaciones ferroviarias.

La retribución se sitúa en 7,33% para Renfe Operadora, 7,73% para Adif y Adif-Alta Velocidad, y 8,17% para el resto de explotadores de instalaciones ferroviarias. Ese tope no puede superar el coste de prestación más el beneficio razonable permitido.

Este ajuste responde en parte al aumento del coste de la deuda: la rentabilidad del bono español a 10 años ha subido del 1,41% al 1,91%, lo que ha elevado el coste de los recursos propios de Renfe en 0,55 puntos. También el coste de su deuda se ha incrementado ligeramente. En el proceso formal de audiencia pública, ningún operador presentó alegaciones contra la propuesta: Renfe simplemente aportó los datos para calcular sus costes. El resultado ha sido una subida desde el 6,88% fijado en 2024 al actual 7,33%.

Por su parte, Adif eleva su retribución hasta 7,73% y otros explotadores alcanzan el 8,17%.

Con esos porcentajes, la CNMC otorga una retribución notablemente más alta –en torno al 20% superior– a las redes ferroviarias públicas que a las redes que mueven la electricidad. Porque, cuando se trata de la red eléctrica, la CNMC propuso en octubre una tasa de retribución financiera (TRF) para el periodo regulatorio 2026-2031 del 6,58%, tras elevarla desde su anterior oferta, del 6,46%, realizada el pasado julio.

Ese 20% ha reactivado el malestar del sector eléctrico, que se considera discriminado frente a otras actividades reguladas como la aeroportuaria (8,03%) o las comunicaciones (6,98%), a las que se suma ahora la ferroviaria.

Los sectores afectados consideran que el 6,58% que se les ofrece es insuficiente porque se sitúa por debajo del coste de capital y de los estándares de otros países europeos, y desincentiva las inversiones urgentes que necesita la red eléctrica en plena transición energética.

Además, la aplicación del nuevo modelo supone reducciones en los costes operativos reconocidos y una retribución por debajo del coste real, lo que según el sector eléctrico podría poner en riesgo la calidad del suministro y frenar la modernización de redes.

La patronal eléctrica Aelec –a la que pertenecen Iberdrola, Endesa y EDP– ha alertado de que las limitaciones de la CNMC al coste máximo de inversión para conectar nuevos consumidores impedirán conectar a parte de los nuevos proyectos industriales que se hubiesen visto beneficiados por la normativa del Ministerio de Transición Ecológica que favorece el incremento de inversiones en redes de distribución y pone en riesgo la cadena de suministro industrial europea y española.

En este sentido, más de 67 asociaciones empresariales y sociales españolas han alertado sobre el riesgo de colapso de las redes eléctricas si no se revisan estas propuestas. Denuncian que la fijación por primera vez de una inversión máxima para conectar a clientes deja fuera del sistema a aquellos consumidores cuya conexión de red cueste más y que la reducción de los costes de mantenimiento del 37% reconocidos puede generar deterioro del servicio.