Estos son todos los requisitos que debes cumplir para acceder a una vivienda de protección oficial en 2025

España atraviesa un momento de gran dificultad para acceder a una vivienda digna, tanto en propiedad como en alquiler. La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y económicos del país, afectando especialmente a jóvenes, familias con rentas medias y personas en situación de vulnerabilidad. Los datos más recientes reflejan una tendencia preocupante que ha alcanzado niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008. El mercado inmobiliario ha registrado en 2025 sus cifras más altas de los últimos quince años, lo que ha elevado el coste de la vida y ha generado una creciente sensación de frustración entre quienes intentan emanciparse o estabilizar su situación residencial.

A esta situación se suma la falta de oferta y la especulación en torno a la vivienda, que agravan el problema y aumentan la desigualdad entre quienes pueden acceder a una propiedad y quienes deben destinar buena parte de sus ingresos al alquiler. Los precios se han disparado en todo el territorio nacional y las ayudas públicas continúan siendo insuficientes para responder a la demanda. Ante este escenario, la búsqueda de alternativas habitacionales se ha convertido en una prioridad para muchas familias, y la vivienda de protección oficial vuelve a situarse en el centro del debate como una opción accesible y regulada que puede aliviar la carga económica de los ciudadanos.

Viviendas de protección oficial: ¿cómo funcionan?

Las viviendas de protección oficial, conocidas como VPO, son inmuebles que cuentan con características específicas en cuanto a tamaño, calidad, precio y finalidad, y están reguladas por la Administración con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna a precios más asequibles. Estas viviendas deben ser aprobadas por las comunidades autónomas y cumplir una serie de requisitos tanto en su construcción como en su adjudicación. Además, la normativa establece precios máximos de venta y alquiler para evitar la especulación y proteger a los compradores y arrendatarios. En los últimos años, la Ley de Vivienda han introducido medidas que buscan reforzar el acceso a este tipo de inmuebles, garantizando su carácter permanente como vivienda protegida.

Desde la aprobación de la nueva Ley de Vivienda en 2023, las VPO cuentan con una calificación permanente, lo que significa que no pueden ser descalificadas ni pasar a ser viviendas libres. Esta medida pretende asegurar un parque estable de vivienda asequible en el tiempo y reservar al menos un treinta por ciento de los nuevos desarrollos residenciales para promociones protegidas o de alquiler social. Las comunidades autónomas, por su parte, tienen la competencia de fijar los precios máximos y gestionar los registros de demandantes, lo que permite adaptar la oferta a las necesidades específicas de cada región.

Requisitos para acceder a una VPO

Para poder acceder a una vivienda de protección oficial en 2025, es necesario cumplir una serie de requisitos que varían ligeramente según la comunidad autónoma. En términos generales, los ingresos familiares no deben superar 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y los solicitantes no pueden ser propietarios de otra vivienda, salvo excepciones. También se da prioridad a los jóvenes menores de 35 años, a las familias numerosas, a las personas con discapacidad y a colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género o terrorismo. Además, es necesario estar empadronado en la localidad donde se ubica la vivienda y destinarla a residencia habitual y permanente.

¿Cómo completar el proceso de compra?

El proceso de tramitación comienza con la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de la comunidad autónoma correspondiente. Para ello, se debe presentar documentación como el DNI o NIE, el certificado de empadronamiento, la declaración de la renta y la vida laboral. Una vez inscrito, el solicitante entra en una lista de adjudicación que puede resolverse por sorteo o mediante un sistema de puntuación según las circunstancias personales y familiares. En caso de resultar adjudicatario, la Administración verifica de nuevo que se cumplen los requisitos antes de formalizar la compra o el alquiler de la vivienda.

Los expertos del portal Idealista recomiendan analizar detenidamente la ubicación y el estado del inmueble, así como revisar las cláusulas del contrato de compraventa o arrendamiento. También aconsejan comprobar que la vivienda está debidamente inscrita como protegida y que el precio no supera los límites establecidos. Por último, se recomienda solicitar asesoramiento financiero antes de firmar una hipoteca, ya que estas viviendas cuentan con condiciones específicas, como tipos de interés más bajos y plazos de amortización más amplios. En un contexto de crisis habitacional, la vivienda de protección oficial se presenta como una herramienta clave para garantizar el acceso a un hogar digno y contribuir a la estabilidad económica y social de miles de ciudadanos.