El euro digital frente al control digital

El Banco Central Europeo (BCE) avanza con paso firme hacia una nueva era monetaria: la del euro digital, una versión electrónica del efectivo que podría transformar la forma en que millones de europeos pagan, ahorran y realizan transacciones cotidianas. Aunque aún no existe una fecha definitiva para su lanzamiento, el proyecto ya se encuentra en fase de preparación y promete ser uno de los cambios financieros más significativos desde la introducción del euro en 2002. El euro digital, promete modernizar la economía de la zona euro y ofrecer un medio de pago público en la era digital. Sin embargo, la digitalización del dinero plantea una cuestión de fondo: al convertirse cada transacción en un dato trazable, ¿hasta qué punto podría el uso de algoritmos de inteligencia artificial, en particular de machine learning, transformar el dinero en un instrumento de control político?

«El dinero debe evolucionar con la tecnología», señalan desde el BCE. En un contexto en el que los pagos digitales dominan el consumo, el banco central quiere asegurar que los europeos sigan teniendo acceso a una forma de dinero público, segura y universal. El sistema se articularía a través de una cartera digital oficial, gestionada por bancos o intermediarios autorizados, donde cada usuario podría almacenar y usar euros digitales. El BCE prevé que la experiencia sea tan simple como pagar con una tarjeta o aplicación móvil, pero con una diferencia clave: el respaldo directo del banco central.

Además, se está estudiando la posibilidad de habilitar pagos sin conexión, una característica que haría del euro digital un sustituto casi perfecto del efectivo, al poder usarse incluso sin acceso a internet. Desde noviembre de 2023, el BCE entró en la llamada fase de preparación, destinada a definir los aspectos técnicos, regulatorios y de diseño de la futura moneda digital. Esto incluye garantizar la privacidad de los usuarios, la seguridad de las transacciones y la interoperabilidad con los sistemas financieros existentes. El BCE insiste en que aún no se ha tomado una decisión final sobre su emisión. El proyecto podría avanzar hacia una fase de implementación plena en los próximos años, una vez completadas las pruebas y consultas públicas.

El euro digital representa un salto cualitativo en la historia monetaria europea, comparable a la propia creación del euro físico. Con él, el BCE busca ofrecer a los ciudadanos una alternativa moderna, segura y accesible para la era digital, sin perder los principios de estabilidad y confianza que caracterizan al dinero del banco central. En un continente donde el uso del efectivo disminuye año tras año, el euro digital podría convertirse en la puerta de entrada a un nuevo sistema financiero europeo, más autónomo, resiliente y preparado para el futuro.

El euro digital generará una cantidad masiva de datos financieros: hábitos de consumo, frecuencia de pagos, ubicación, horarios de transacción y relaciones entre agentes económicos. Aunque el BCE ha prometido anonimato parcial y «privacidad por diseño», la infraestructura técnica del sistema requerirá la recolección y procesamiento de metadatos para fines de seguridad, trazabilidad y política monetaria. Los algoritmos de machine learning poseen la capacidad de segmentar perfiles financieros con alta precisión. Son capaces de identificar patrones complejos: qué sectores de la población muestran mayor propensión al ahorro o cómo varía el consumo ante estímulos fiscales y monetarios, entre otros. Si se implementaran sobre los datos generados por un sistema de euro digital centralizado, estos modelos podrían proporcionar al Estado y a las autoridades financieras una visión integral prácticamente en tiempo real.

La diferencia clave está en quién controla los datos. La primera gran preocupación no es técnica, sino política: ¿quién debe tener el poder sobre la información que genera el dinero? Cuando un consumidor usa Visa, Mastercard, PayPal o cualquier otra aplicación bancaria, sus datos pasan por empresas privadas que los procesan para fines comerciales: segmentación publicitaria, prevención de fraude o análisis de hábitos de consumo. Son actores con intereses económicos, pero sin autoridad legal sobre la persona.

El caso del euro digital sería distinto. En este sistema, el BCE y los bancos centrales nacionales tendrían, directa o indirectamente, acceso a la trazabilidad de los pagos de los ciudadanos. Aunque el banco central asegura que no gestionará datos personales, el simple hecho de que una institución pública pueda observar, o potencialmente observar, todos los flujos monetarios genera inquietud. El debate, por tanto, no es meramente tecnológico, sino político y ético: «¿Queremos que el dinero se convierta también en una herramienta de supervisión pública?».

El grado de trazabilidad también es motivo de debate. El BCE ha prometido que el euro digital garantizará «un alto nivel de privacidad», aunque sin ofrecer anonimato total. Mientras el efectivo desaparece sin dejar rastro, toda transacción digital deja huella. Esa diferencia, aparentemente técnica, cambia por completo la naturaleza del dinero. En un modelo centralizado, el BCE podrían ver quién paga, cuánto y a quién.

Los críticos temen que, incluso si el proyecto arranca con un enfoque respetuoso de la privacidad, su diseño estructural permita un mayor control futuro, dependiendo de decisiones políticas. El temor no es lo que el BCE hará hoy, sino lo que podría hacer mañana. La inquietud no surge en el vacío. El yuan digital de China funciona ya como un sistema donde el Estado puede observar en tiempo real los flujos de dinero de millones de usuarios. Este precedente ha despertado preocupación en Europa: aunque los modelos de gobierno son distintos, la capacidad técnica de vigilancia financiera es, en teoría, la misma. Algunos analistas señalan escenarios hipotéticos pero plausibles: monitoreo de patrones de consumo con fines fiscales, impuestos automáticos aplicados directamente a las transacciones o bloqueo y condicionamiento de pagos por sanciones o regulaciones específicas. El BCE ha sido enfático en negar que este sea su propósito. No obstante, los analistas más escépticos advierten que «el problema no es la intención, sino la posibilidad». Una infraestructura centralizada del dinero permitiría, si así se decidiera, una supervisión sin precedentes en la historia económica moderna.

José López Rojas. Doctor en Finanzas y presidente del Observatorio de la IA aplicada a la economía en el Colegio de Economistas de Madrid