Gonzalo Bernardos, economista, sobre el precio de la vivienda: “Es necesaria la intervención”

La voz de alarma ya no suena solo en España. El Banco Central Europeo ha puesto cifras a una realidad que ahoga a miles de familias: la vivienda en nuestro país está sobrevalorada un 14,3%. Un dato que evidencia la existencia de una burbuja latente y que sitúa el mercado inmobiliario español bajo la lupa de las más altas instancias económicas europeas, que observan con preocupación la espiral de encarecimiento.

De hecho, este desequilibrio no parece que vaya a corregirse por sí solo. La raíz del problema es un desajuste crónico entre una demanda que no cesa y una oferta de inmuebles estancada, incapaz de satisfacer las necesidades actuales. Las previsiones, lejos de ser optimistas, apuntan a una subida adicional del 8% en los precios para el año 2026, lo que agravaría todavía más la crisis de acceso a un hogar.

Ante este escenario, voces autorizadas del mundo de la economía reclaman medidas urgentes para enfriar el mercado. El economista Gonzalo Bernardos lo ha expresado con una contundencia meridiana: "Es necesaria la intervención". Su propuesta pasa por incentivos fiscales para el alquiler, una fórmula pensada para movilizar el vasto parque de viviendas vacías y, con ello, tratar de aliviar la asfixiante presión sobre los precios.

La respuesta social a un mercado inmobiliario tensionado

Por otro lado, la dificultad para acceder a un hogar está redibujando los modelos de convivencia tradicionalmente arraigados en la sociedad española. La opción de compartir piso, antes casi exclusiva de estudiantes, se ha generalizado como una solución de necesidad. Una prueba de ello es que la oferta de habitaciones en alquiler ha crecido un 24% en el último año, reflejando un cambio profundo en la forma en que los ciudadanos afrontan el reto de la vivienda.

Sin embargo, y aquí reside la gran paradoja, la tensión en los precios no ha frenado el dinamismo del sector. Lejos de contraerse, el mercado bulle con una actividad notable. Las estimaciones para este ejercicio prevén unas 780.000 operaciones de compraventa, y las proyecciones elevan esa cifra hasta las 840.000 para dentro de dos años. Se consolida así un panorama complejo, con un elevado volumen de transacciones conviviendo con una crisis de acceso a la vivienda cada vez más aguda.