Fernando Santiago: "La ausencia de seguridad jurídica traería consecuencias devastadoras"

Se ha celebrado en Madrid el II Congreso Nacional del Consejo General - ICOGAM, un encuentro que ha encabezado Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente de los gA de España, y que ha congregado a numerosas personalidades del mundo económico, jurídico, empresarial, de la magistratura y de la abogacía. En el encuentro se han tratado temas muy interesantes y determinantes para el desarrollo y la buena marcha de la actividad económica y social de nuestro país.

Al comenzar el acto, Fernando Santiago destacó las palabras del economista canadiense Lawrence J. Peter: "El buen economista es un experto, que mañana sabrá explicar por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy". Con esta premisa, el presidente de los gA dio la bienvenida a ponentes, miembros de los paneles y asistentes al congreso, a la vez que introdujo los temas que se tratarían a lo largo de la jornada. La seguridad jurídica, comentó, es la "base para el desarrollo social y económico y un factor determinante para atraer la inversión".

El derecho a la defensa, recogido ya en la Declaración Universal de 1948, ha trascendido al mundo del derecho y la abogacía, y hoy se pueden aplicar métodos como el arbitraje o los trámites administrativos para no tener que acudir a los tribunales, lo que haría que se desbloquearan numerosos procedimientos que a día de hoy tardan meses o años en solucionarse. En este sentido, los gestores administrativos cuentan con una preparación y especialización sin igual para poder proporcionar la asistencia necesaria y asegurar que la justicia se imparte de manera imparcial y universal. "Una justicia de calidad debe ser rápida, accesible y transparente", concluyó Fernando J. Santiago Ollero.

El derecho a la defensa

Tras las palabras de bienvenida, se dio paso a la primera intervención de la jornada, una conferencia magistral de José Manuel Vera Santos, catedrático en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. El tema, como no podía ser de otra manera, fue "El derecho a la defensa: la clave para una sociedad segura". Al hilo del proyecto de ley sobre el derecho a la defensa que se está trabajando actualmente, Vera desgranó algunas de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, en las que se habla de los actores o los ámbitos de aplicación, entre otros. "El derecho a la defensa debe garantizar la asistencia letrada o el asesoramiento en derecho a través de los procedimientos previstos legalmente", esgrimió Vera Santos. De esta manera, en cuanto a asesoramiento y asistencia, podría y debería abrirse el campo de actuación a profesionales que no son propiamente del mundo del Derecho. "Los gestores administrativos deberían tener un papel fundamental, puesto que se ha introducido la encomienda de que este asesoramiento pueda darse por graduados sociales", comentó el catedrático.

"La asesoría y la abogacía preventiva son esenciales para no llegar a los tribunales, y esto se logra abriendo los procesos y ampliando los actores judiciales", comentó Vera Santos. El catedrático desarrolló un profundo análisis del proyecto de ley sobre el derecho a la defensa, poniendo en valor el fundamental papel que de hecho ya juegan los gestores administrativos en el asesoramiento previo en derecho preventivo y arbitraje, una ayuda que se adivina esencial para la administración de la justicia, que en muchos casos puede quedar resuelta en procesos de arbitraje u otros medios, sin necesidad de tener que llegar a los tribunales.

Haciendo suyas las palabras del presidente Kennedy, los gestores administrativos pueden hoy pasar de preguntarse qué puede hacer su país por ellos a qué pueden hacer ellos por su país, pues "están en posición de posibilitar la 'desjudicialización' de los casos por medio de la asistencia preventiva", concluyó José Manuel Vera Santos.

La Constitución de 1978

Una de las ponencias más esperadas de la jornada corrió a cargo de la Presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que pronunció una conferencia titulada "¿Es el momento de revisar la Constitución". La ex ministra destacó que la Constitución, como norma de normas, "genera sentimiento". "Aunque la mayoría de españoles no ha leído la carta magna, de hecho más del 60% de los ciudadanos cree que sería necesaria una reforma de la misma", explicó Calvo. La complejidad de nuestra sociedad hace uqe el ciudadano no conozca a la perfección la Constitución, y por ello es más necesaria que nunca la labor de actividades profesionales especializadas como los gestores administrativos, que ayudan a aplicarla a los ciudadanos en sus trámites diarios. "Enaltecer la Constitución hasta el punto de no tocarla es una falta de respeto hacia ella, como lo es igualmente pensar que la Constitución se puede cambiar constantemente según las circunstancias", comentó. Por tanto, la ex ministra abogó por encontrar el equilibrio entre los dos extremos.

También sobre la Constitución de 1978 versó el primer panel del congreso, que contó con la presencia de tres ilustres magistrados del Tribunal Constitucional. Moderados por la periodista Yolanda Rodríguez, Enrique López, Enrique Arnaldo y Laura Díez debatieron sobre el tema "¿Hacia dónde debería ir encaminada una reforma de la Constitución?"

Los tres magistrados coinciden en que para comenzar a pensar en una reforma constitucional debe existir un consenso previo que, a día de hoy, parece inalcanzable. En concreto, como apuntó Enrique López, "es necesario un consenso entre el Partido Popular y el PSOE" y, sobre todo, "la reforma debe hacerse desde la Constitución", partiendo de la base de respetar las reglas del juego: "respetar y cumplir la Constitución", explicó Laura Díez, que apuntó el riesgo que se corre al iniciar una reforma, y es que, abierta la veda, cualquier grupo parlamentario puede proponer cualquier reforma, y es un riesgo que nadie quiere correr.

También coincidieron en que no se puede confundir la reforma con una mutación. Esto es, una reforma política, no realizada por el poder constituyente. "No se puede hacer decir a la Consitución algo que no dice", expuso Arnaldo. Para abordar una

Seguridad jurídica y digitalización

El veterano periodista Xavier Gil moderó el tercer panel del congreso, titulado "Economía real y seguridad jurídica" y que contó con la presencia de Ignacio Gomá, presidente de la Fundación Notariado, y Juan Jiménez de la Peña, registrador. En cualquier ámbito, la presencia de notarios y registradores garantiza una fiabilidad y seguridad totales ante una situación normativa ingente, con más de 1,3 millones de páginas publicadas en el BOE, como expuso el moderador. "La proliferación de normas dificulta la actividad económica", comentó Ignacio Gomá. Por tanto, continuó, "la legislación debe ser justa y adecuada".

Juan Jiménez comentó dos casos concretos, el incendio del Windsor y la inmatriculación de las favelas en Brasil, para explicar la seguridad que aporta en determinados momentos contar con un registro.

A la luz del reciente lanzamiento del registro digital, Xavier Gil preguntó a los ponentes de la mesa si la digitalización afecta en algo a la seguridad jurídica. Ambos expertos coinciden en que la digitalización produce una mayor eficiencia y que, lejos de alterar la seguridad jurídica, la mejora. Gomá y Jiménez de la Peña alabaron en este momento la labor de los gestores administrativos, cuya especialización y trabajo hacen que el día a día de notarios y registradores sea mucho más llevadero.

Justicia como servicio público

La tercera mesa redonda tuvo la presencia, bajo la moderación del catedrático en Derecho Javier San Martín, de tres ex ministros de Justicia: Rafael Catalá, Juan Carlos Campo y Juan Fernando López, que explicaron cómo puede la Justicia ser un buen servicio público. Cada cual desde su experiencia en la cartera ministerial, fueron exponiendo las diferentes características que un buen serivicio de calidad debe tener: "Agilidad, eficiencia, eficacia y accesibilidad en el lenguaje", comenzó diciendo Catalá. La justicia "debe ser efectiva y garantizar la producción de resultados, subrayando la dimensión prestacional", comentó López. Por su parte, Campo habló de la gran calidad de los profesionales que están vinculados a la justicia, aludiendo a que "el sistema es lo que falla. Aún así, la justicia crece más y mejor en España que en otros países".

Sobre la pregunta de la ley que más orgullo les ha generado durante su gestión, los ex ministros se mostraron muy positivos. Rafael Catalá elogió la labor de su sucesor, Alberto Ruiz-Gallardón, "que dejó hecho mucho trabajo pre legislativo en conjunción con la oposición", y comentó las reformas del código penal elaboradas por su equipo. Juan Fernando López comentó la importante transformación que han tenido las leyes de violencia de género, que "han quedado en la retina de la sociedad". Por último, Juan Carlos Campo, que tuvo la circunstancia especial de la pandemia, destacó la profunda capacidad de todas las fuerzas políticas de trabajar juntos por la sociedad, que se vio reflejado en leyes como la Ley de Registro Civil, "que llevaba parada más de 10 años y que se desbloqueó en este periodo".

Diputados de PP y PSOE

Tras un almuerzo de networking, daba comienzo la segunda parte del congreso, que contó con una mesa moderada por Gregorio Izquierdo, responsable del departamento de Economía de la CEOE, y que tuvo como ponentes a Pedro Casares y José Vicente Marí, diputados de PSOE y PP, respectivamente, que ofrecieron su visión de la situación económica actual y la respuesta a los fondos europeos Next Generation. Una conversación muy interesante en la que quedó claro que, como comentó Gregorio Izquierdo, la economía tiene puntos positivos y puntos negativos, según desde dónde se mire. La principal conclusión, muy esperanzadora, es el anuncio que Pedro Casares hizo de que "en septiembre habrá presupuestos", una declaración que no compartió Marí, pues "ya ha habido otras ocasiones donde se dijo y no se aprobaron", comentó.

Marí declaró cómo "los gestores administrativos son operadores de la actividad económica diaria, palpando la realidad del panorama actual de la economía española". Sobre los fondos europeos, Marí comentó que "estamos desaprovechando una oportunidad única, por la incorrecta distribución de los fondos, ocasionada por la falta de gobernanza con las comunidades autónomas". En este punto, Izquierdo trajo a colación una medida de incentivos fiscales desarrollada en Italia, y se preguntó si podría traerse a España esa medida. Marí expuso que se ha propuesto, pero que el gran problema de los fondos europeos es que no se solicitan, dada la excesiva burocratización de los procesos.

Europa vs. China y Estados Unidos

Por último, tuvo lugar un panel dedicado a la competitividad europea frente a las potencias que llevan hoy la voz cantante en productividad e investigación. ¿En qué punto se encuentra Europa frente a China y Estados Unidos? Carlos Sánchez, periodista, moderó esta mesa en la que el economista Javier Santacruz, el catedrático de Economía aplicada de la Universidad CEU-San Pablo, Rafael Pampillón y el economista Santiago Sánchez dieron su particular visión de la situación global de la economía y el papel que juega el Viejo Continente en el tablero mundial.

Aunque los tres ponentes coincidieron en que Europa no está a la altura de China y Estados Unidos en la carrera por la productividad e investigación actual, Pampillón abogó por la creación de unos Estados Unidos de Europa, con el objetivo de crear un marco común y real a través del cual se pudieran articular las ayudas de manera más eficaz, pues en China y Estados Unidos todo está centralizado, y no se depende de las legislaciones internas de los miembros. Santacruz coincidió en que la gran barrera para que Europa despegue son las "normativas nacionales de los estados miembros".

La inversión en talento y en I+D+I es esencial para poder jugar en igualdad de condiciones, pero hoy en día "Europa no es nadie" en este sentido, sentenció Pampillón. Aunque se ha querido resolver esta situación, "los fondos no han tenido la repercusión deseada", comentó Santiago Sánchez.

Por último, se habló de la posibilidad de prorrogar los fondos, una cuestión desestimada por los ponentes, pues se trata de "medidas extraordinarias para un contexto determinado", explicó Sánchez.

Con esta mesa de debate se dio por concluido el congreso, que contó con unas palabras de Fernando Santiago, en las que pidió que el proyecto de ley del derecho a la defensa trabaje en la apertura de los actores y medios intervinientes en los procesos, dejando la puerta abierta a que profesionales como los gestores administrativos puedan tomar parte en los arbitrajes y mediaciones, logrando así una agilización de los procesos judiciales y el desbloqueo de cientos de miles de causas que no tienen por qué llegar a un tribunal para solucionarse favorablemente para las partes implicadas.