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Gisela Turazzini, economista, abre el debate sobre el sueldo mínimo: “Quienes cobran 1.100€ no deberían pagar impuestos”
El debate está sobre la mesa: ¿deben pagar impuestos los más de dos millones de trabajadores que cobran el SMI? Una economista denuncia la "injusticia fiscal" del sistema y pide eximirlos por completo de tributación

La presión fiscal en España es una realidad que golpea con especial dureza a las nóminas más modestas. No es una mera percepción; los datos lo confirman. Según las últimas cifras de la OCDE, los trabajadores españoles destinan de media cerca del 40% de su salario bruto al pago de impuestos y cotizaciones sociales. Un porcentaje considerable que sitúa el debate sobre la carga impositiva en el centro de la actualidad económica.
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De hecho, este escenario se vuelve especialmente complejo para los casi 2,5 millones de personas que en nuestro país perciben el Salario Mínimo Interprofesional. Fijado en 1.184 euros brutos en catorce pagas, este sueldo se transforma, tras las retenciones, en una cantidad neta que a duras penas supera los 1.050 euros. Esta situación pone sobre la mesa la escasa capacidad de ahorro de un segmento importante de la población activa.
En este contexto, la economista Gisela Turazzini ha lanzado una propuesta que busca sacudir los cimientos del sistema tributario actual. Su planteamiento es tan claro como polémico. Para Turazzini, la solución pasa por una medida radical: "Quienes cobran 1.100 € no deberían pagar impuestos". La experta considera el modelo vigente una profunda "injusticia fiscal" que penaliza de forma desproporcionada el esfuerzo de los que menos tienen.
Una reforma fiscal, no una rebaja indiscriminada
Sin embargo, la economista matiza que su idea no debe confundirse con una defensa de las bajadas generalizadas de impuestos que podrían poner en riesgo los servicios públicos. Al contrario, su visión apunta a una necesaria reforma estructural del sistema, no a un recorte indiscriminado. Turazzini defiende la importancia de recaudar para sostener pilares fundamentales como la sanidad, la educación o las pensiones.
Por ello, su argumento va un paso más allá y se centra también en la otra cara de la moneda: la eficiencia del gasto. La experta insiste en que la justicia fiscal no solo reside en quién y cuánto aporta, sino en garantizar una gestión más eficiente del dinero recaudado por el Estado. Se trata, en definitiva, de asegurar que cada euro público se emplea de la manera más responsable y productiva posible.
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