Sergio Gutiérrez, economista, avisa a los arrendadores: “Echar a un inquilino no es tan fácil”

Para un propietario que necesita recuperar su vivienda alquilada, la negativa del inquilino a marcharse puede ser el inicio de un auténtico calvario judicial. Lejos de ser un trámite rápido, el proceso se convierte en un pleito de desahucio que puede prolongarse durante meses. Este camino no solo implica un notable desgaste emocional, sino también un perjuicio económico doble: a los costes del abogado y el procurador se suma la pérdida de las rentas del alquiler durante todo el litigio.

De hecho, la legislación vigente contempla supuestos que complican aún más la recuperación del inmueble. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) protege a los arrendatarios que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica o social demostrable. En estos casos, el inquilino tiene derecho a solicitar una prórroga de su contrato que puede extenderse hasta un año, aplazando de nuevo las expectativas del dueño.

Asimismo, el panorama se vuelve todavía más complejo en las áreas declaradas como mercado residencial tensionado. En estos territorios, los inquilinos pueden acogerse a una prórroga extraordinaria de tres años, una medida pensada para darles estabilidad en zonas con precios especialmente altos. Para el propietario, sin embargo, esta protección se traduce en una incertidumbre considerable y en una espera que puede parecer interminable.

La creencia popular frente a la cruda realidad legal

Frente a este escenario, choca la creencia generalizada de que basta con la voluntad del arrendador para recuperar su casa. Se trata de una realidad legal mucho más compleja de lo que muchos imaginan, una idea que resume con una claridad meridiana el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez en un vídeo difundido en TikTok: "Echar a un inquilino no es tan fácil". Su advertencia sirve como un jarro de agua fría para quienes dan por sentado un proceso sencillo.

Por ello, los especialistas insisten en que la mejor herramienta es la prevención. La clave para evitar un largo y costoso periplo por los tribunales reside en la redacción del contrato original. Incluir desde el inicio cláusulas específicas y bien detalladas sobre la necesidad de uso propio, siempre dentro del marco legal, es fundamental para allanar el camino y poder disponer de la vivienda cuando sea necesario sin caer en un laberinto de pleitos y demoras.