Banca
El Gobierno explica su "referéndum asambleario" sobre la OPA: abierto a cualquiera que "se sienta afectado" y en una semana
Habilita en la web del Ministerio de Economía un formulario con varias preguntar. El Gobierno asegura que quiere de tomar una "decisión informada" adecuada sobre si elevar la operación al Consejo de Ministros
El Gobierno explica cómo va a desarrollar su polémica consulta sobre la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Ciudadanos, organizaciones y empresas podrán enviar al Gobierno su "opinión" desde de hoy y durante los próximos siete días hábiles a través de un formulario web, en el que plantea varias preguntas sobre aspectos relacionados con el interés general que podrán responder todos aquellos que consideren que les puede afectar la OPA, a fin de tomar una "decisión informada" sobre si elevar la operación al Consejo de Ministros, que podría decidir modificar los requisitos impuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Según han informado fuentes gubernamentales, la consulta en sí consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4, que habilita al Gobierno a valorar operaciones atendiendo a criterios de interés general como la defensa y seguridad nacional, la protección de la seguridad o salud públicas o la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional.
No se ha limitado el acceso al formulario, que solo requiere la identificación del participante para que pueda contestar a las siguientes: "¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?", a la que el participante debe responder señalando la opción "Sí" o "No".
Después pregunta: "¿Cuáles cree que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?" y da como opciones las que recoge la Ley de Defensa de la Competencia. Dependiendo de la respuesta anterior, pide indicar "qué otro u otros criterios de interés general considera que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell". A continuación, hay que responder a "¿en qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell? Valore el impacto estimado", "¿considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente?" y "¿qué propuestas considera que serían adecuadas para proteger los criterios de interés general afectados?". Se acompaña un buzón para aportar información adicional.
Dicho formulario tiene un breve encabezamiento con una cronología general del proceso, en la que se explica que el 31 de mayo del año pasado se notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la operación pública de adquisición por parte de BBVA, que fue aprobada por Competencia con compromisos el pasado 30 de abril y que el Ministerio de Economía recibió el lunes la notificación de la resolución, tras la que inició la tercera fase y un primer plazo de 15 días hábiles -hasta el día 27 de este mes- en los que debe decidir si eleva el expediente o no al escrutinio del Consejo de Ministros. A partir de ahí, será el Gobierno el que disponga de 30 días para confirmar la resolución de la CNMC o autorizar la operación con o sin condiciones adicionales por razones de interés general y no de defensa de la competencia, que tendrá en cuenta el resultado que arroje este "referéndum asambleario".
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el procedimiento, anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, está "totalmente alineado con la legislación vigente" y considera que es una "buena práctica" que el Ejecutivo volverá a utilizar si se vuelve a producir un escenario similar. Desde su Ministerio han considerado que esta consulta res pertinente porque su objetivo es "recabar, directamente o a través de organizaciones representativas, la opinión de las personas físicas y jurídicas potencialmente afectadas por la operación, antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros".