El Gobierno se queda sin tiempo: no prorrogará el plan anticrisis antes del 23-J

El Gobierno se ha quedado sin tiempo y no convalidará el último decreto anticrisis -el que debía prorrogar las medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la inflación, la subida de costes y los efectos negativos de la guerra de Ucrania- antes de las elecciones del 23-J. La Diputación Permanente del Congreso -el único órgano que permanece operativo en el Gobierno, que tiene la facultad de convalidar o derogar las medidas que aprueba el Gobierno vía decreto ley- no tiene previsto reunirse ningún día esta semana en su agenda oficial, por lo que no podrá convalidarse y tendrá esperar a la semana posterior a las elecciones o a más tardar, a la siguiente, salvo cambio de última hora con una convocatoria sorpresa.

Este decreto no correría peligro de ser aprobado inmediatamente después de la cita electoral, ya que esta norma, en vigor desde su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de junio, tiene 30 días hábiles de margen tras su promulgación para ser convalidada, por lo que tras el 23-J aún quedarían casi dos semanas de margen para que sea aprobado antes de que tome posesión el próximo Gobierno.

El objetivo principal del decreto pasa por extender algunas de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida de precios que caducaron el pasado 30 de junio, como las rebajas del IVA de los alimentos y las ayudas al transporte público. En total, este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total -teniendo en cuenta las ayudas totales, con las rebajas de impuestos y bonificaciones, según detalla Europa Press- es de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año.

El nuevo paquete aprobado mantiene la supresión durante seis meses más del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta. Además, entre otras ayudas que se prorrogan se encuentra también la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia ya se había extendido todo el año).

Así, se seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que las comunidades autónomas se comprometan a aumentar este descuento hasta, al menos, el 50%.

El Real Decreto-ley también prorroga asimismo algunas medidas laborales vinculadas a ayudas públicas. De esta manera, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2023. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Eso sí, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

También se prorrogan las ayudas al gasóleo para los transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. Hasta el 30 de septiembre la bonificación será de 10 céntimos por mes, mientras que en el último trimestre del año será 5 céntimos por litro. En clave energética, el decreto aporta una modificación de las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos, mejorando así la retribución para estas tecnologías.

No obstante, el decreto también elimina algunas de las medidas establecidas en anteriores paquetes anticrisis. Es el caso de la posibilidad de prorrogar automáticamente seis meses el alquiler con las mismas condiciones que el contrato que estuviera en vigor hasta ese momento. Esto no afecta a la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, regulado en la Ley de Vivienda, que impide subidas superiores al 2% hasta el 31 de diciembre de 2023 y del 3% hasta el final de 2024.

En materia de vivienda, el decreto mantiene hasta final de año la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional. Se prorroga también el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento pueden presentar la solicitud de compensación, fijando el nuevo plazo hasta el 31 de enero de 2024.

Por otro lado, en este decreto-ley se incluye una línea de avales de 2.500 millones de euros para la compra de una primera vivienda de jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad, pero con ingresos de hasta 37.800 euros anuales. Con esta medida, el Gobierno aspira a posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas. Adicionalmente, se incluyen medidas para facilitar las inversiones del Perte Chip (semiconductores y microprocesadores), al tiempo que se modifica la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.