El Gobierno recula y suavizará el "sablazo" por regularizar la cotización de antiguos becarios

Tras la polémica suscitada estos días, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha hecho caso a las críticas y presiones recibidas y ha prometido que revisará la orden ministerial de regularización de la cotización retroactiva de becariosde investigación. Un compromiso que ha asumido tras el encuentro que mantuvo con la Confederación Española de Sociedades Científicas de España (Cosce). Recordemos que esta normativa permite que aquellos que contaron con becas de investigación por las que no cotizaron (sobre todo durante los años 90 y los 2000) puedan aportar la cotización correspondiente a un máximo de cinco años.

Sin embargo, aquella norma que la ministra anunció como una "oportunidad histórica" y un "enorme beneficio" para los becarios, ya que les permitiría regularizar los años que estuvieron de prácticas, en seguida levantó una enorme polvareda entre muchos colectivos profesionales, entre los que se encuentra la comunidad científica, que se alzaron en pie de guerra. Y esto no se debe al fondo de la norma, puesto que los colectivos coinciden con la ministra en que existe una necesidad de regularizar la situación, pero sí a la forma planteada para que los becarios pudieran realizar ese cambio, la cual rechazan por su coste económico. En términos monetarios, significaba que un científico que cobraba una beca típica de unos 600 euros al mes en el año 2000 tendría que pagar 290 euros al mes, aproximadamente la mitad (el 48%) de los percibido entonces. Como explicó a LA RAZÓN la presidenta de Aseica, Marisol Soencas, con la ecuación del Ministerio, «regularizar los cinco años que me dejan me supone un desembolso de más de 17.000 euros, una barbaridad. No tiene ningún sentido tener que pedir un crédito para poder abonar esa cantidad».

Censuraban que la propuesta supone "una carga económica inasumible para la mayoría de la comunidad científica", puesto que la regularización, en lugar de estar considerada con los baremos de los años en los que tuvieron lugar las becas, tiene en cuenta las bases de cotización actuales, de 2024. También se muestran en contra de la limitación temporal impuesta, puesto que establece un máximo de cinco años trabajados a la hora de computarla, dejando fuera, por tanto, aquellos casos que cuenten con una mayor duración. Sin dejar de mencionar que, tal y como recogía la normativa, los afectados deberían pagar la cuota completa, incluyendo la parte correspondiente de la empresa que en su día les contrató como becarios, tal y como ocurriría si fueran autónomos, algo que puede considerarse como injusto.

Desde Seguridad Social, tras la reunión celebrada y los frutos que dio, indicaron que “se han atendido y escuchado las observaciones y preocupaciones de los representantes de Cosce respecto a la citada orden” del convenio especial en lo referente a ese cómputo de la cotización por los períodos de prácticas formativas, prácticas académicas y becas FPU. En ese sentido, tal y como trasladó Saiz, el asunto se seguirá abordando en los próximos días.

Respuesta del colectivo científico

Por su parte, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la cual representa a 88 sociedades científicas y agrupa alrededor de 40.000 científicos, celebraron el compromiso personal de Saiz de abordar el problema y modificar la normativa, a la vez que se mostraban dispuestos a continuar el diálogo para que se recojan las principales reivindicaciones del personal investigador.

Según compartieron desde la confederación, fueron varias las que se plantearon para solventar los aspectos que ocasionan conflicto y rechazo, con el objetivo de que se incluyan en la modificación de la Orden:

• La necesidad de hallar una solución específica para la regularización retroactiva de la cotización de las becas de investigación, puesto que, según indican, se trata de una situación diferente a la de las prácticas formativas.
• El hecho de que los afectados deban aportar únicamente la cuota que corresponda a la persona trabajadora en cada año recuperado, sin la actual obligación de pagar también las cotizaciones empresariales.
• Un cambio del límite máximo establecido, ya que, a su juicio, reconocer sólo 5 años "es claramente insuficiente para solucionar el problema de todo el colectivo afectado".

Y es que, tal y como argumentaron desde la Cosce, "es una cuestión de justicia social que se atiendan nuestras reivindicaciones".