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Gonzalo Bernardos, economista, pide aplicar una economía de guerra para la vivienda: “Esas personas pueden ser consideradas como vulnerables”
El drama de la vivienda en España deja una nueva y alarmante realidad: con sueldos estancados y alquileres imposibles, ganar 1.600 euros al mes ya se considera una situación de vulnerabilidad para los expertos
Aplicar una auténtica «economía de guerra» en el hogar. Esta es la contundente recomendación del economista Gonzalo Bernardos para los miles de ciudadanos que aspiran a comprar una vivienda en España. La sugerencia, que implica un régimen de austeridad extrema y ahorro metódico, dibuja un panorama desolador y refleja hasta qué punto el acceso a la propiedad se ha convertido en una meta casi inalcanzable para muchos, siendo la única vía posible para acumular el capital necesario.
De hecho, la crisis inmobiliaria ha modificado por completo los parámetros de la estabilidad económica. Un salario de 1.600 euros mensuales, que hasta hace no mucho tiempo permitía cierta tranquilidad, sitúa ahora a quien lo percibe en un nuevo umbral de precariedad. La brecha entre unos sueldos estancados y el coste de la vida, disparado en los últimos años, ahoga las economías familiares, merma la capacidad de ahorro y convierte la entrada de una hipoteca en una quimera.
En este sentido, el análisis de Bernardos es tajante al identificar a este colectivo como el nuevo rostro de la fragilidad económica en nuestro país. “Esas personas pueden ser consideradas como vulnerables”, sentencia el economista, una valoración que arrastra a un nuevo segmento poblacional a una posición de inseguridad que antes estaba reservada a perfiles de renta mucho más bajos.
La desconfianza de los propietarios como freno del mercado
Por otro lado, esta situación no solo afecta a los compradores, sino que también envenena el mercado del alquiler. El economista señala que muchos dueños de inmuebles prefieren mantenerlos vacíos por el temor a los procesos de impago. El miedo a que un inquilino se declare vulnerable y se inicie un largo y costoso laberinto legal actúa como un potente disuasorio, contrayendo drásticamente la oferta disponible en el mercado.
Así pues, la desconfianza de los propietarios genera un círculo vicioso del alquiler que repercute en toda la sociedad. Una menor oferta de pisos, combinada con una demanda que no deja de crecer y un ritmo de construcción de nuevas viviendas notablemente ralentizado, no hace más que tensionar los precios al alza. El resultado es un mercado inmobiliario roto que expulsa a los más jóvenes y condiciona los proyectos vitales de una generación entera.