Las grandes empresas no quieren volver a Cataluña: «La situación va a peor»

Las empresas que salieron de Cataluña forzadas por el «procés» lo tienen claro. «Nada ha cambiado. Seguimos en la misma situación. Tomamos una decisión y no tenemos ninguna intención de cambiarla». Esta declaración realizada a LA RAZÓN por un alto representante empresarial puede ser extensible al resto de compañías que decidieron trasladar su sede social fuera de Cataluña. La práctica totalidad de ellas expresaron ayer su convicción de que «poco o nada» ha cambiado desde que tomaron esa decisión y que no barajan cambios a día de hoy.

De esta forma, las empresas dan un portazo generalizado a un posible regreso pese al nuevo acuerdo firmado entre Junts y el Gobierno para sacar adelante los últimos reales decretos, por el que se reformará la Ley de Sociedades de Capital para revertir el real decreto del PP en 2017, que facilitaba la salida exprés de las compañías que lo desearan. En este pacto, el Ejecutivo se ha comprometido a aprobar que «las empresas que hayan tenido su sede social en Cataluña y mantengan su actividad económica principal en la región estén obligadas a situar su sede social en la región».

Este cambio de escenario no ha logrado seducir a estas empresas. «Cuando uno toma una decisión tan importante y crucial como cambiar de sede se hace con vocación de permanencia. Fue una decisión muy meditada y sin fecha de caducidad», explicaban ayer con convicción desde una de las empresas del Ibex.

Otras fuentes corporativas tienen el claro convencimiento de que su decisión es «irrevocable» porque la situación «va a peor» y el clima «se está volviendo a enrarecer en Cataluña y en el resto de España», por lo que «nos quedamos donde estamos».

El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya recordó hace unos días que «hace falta estabilidad, normalidad y paz social para generar en las empresas la confianza necesaria para que se establezcan en una región. Las empresas que salieron de Cataluña lo sintieron en el corazón y el alma, pero una empresa se instala e invierte donde quiere».

Pero la senda política parece llevar un sentido distinto a la empresarial. Aunque tanto el Gobierno como Junts confirman que sólo han cerrado una «base de mínimos sobre la que trabajar», la intención de ambas partes es modificar los artículos 9 y 10 de la ley societaria, los que regulan los preceptos sobre los domicilios sociales, para obligar a las compañías a retornar su sede, forzadas por esta reforma legal. Según consta en ellos, «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación», además de que «en caso de discordancia entre el domicilio registral y el que correspondería (bajo el precepto anterior), los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos».

El objetivo de Junts es derogar el cambio aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en octubre de 2017, que permitió que las compañías que lo desearan pudieran trasladar su domicilio social con una decisión directa tomada por el Consejo de Administración al margen de la Junta de Accionistas con el menor coste legal, fiscal o económico posible.

Además, según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo prepara ya un «modelo específico de incentivos» para favorecer este retorno. Aunque este plan todavía está «sin definir» y se trabaja sobre un «amplio espectro de incentivos», en el que se baraja incluir beneficios laborales, sociales e incluso mejoras fiscales, «pero todavía no hay nada concreto», incidieron las mismas fuentes. «Aún es muy pronto, son temas muy delicados que deben medirse muy bien, porque no se puede dar ese tipo de incentivos a la carta».