Las desavenencias que mantienen el Ministerio de Transportes y las comunidades autónomas gobernadas por el PP a cuenta del nuevo mapa para reorganizar las concesiones estatales de autobuses han desembocado ya en una guerra total. Los Gobiernos autonómicos del PP han enviado una carta al ministerio en la que exigen a Óscar Puente que renuncie a la imposición del nuevo mapa concesional de transportes por carretera y que convoque con carácter urgente, tal y como como exige la ley, la Conferencia Nacional de Transportes para consensuarlo con las comunidades autónomas.

Los directores generales de las regiones gobernadas por el PP recibieron durante el mes de julio una carta de Transportes exigiéndoles que se pronunciaran sobre el nuevo mapa concesional antes de hoy martes. Pero los responsables autonómicos han rechazado la propuesta del Gobierno y reiteran la necesidad de que el Ejecutivo de España convoque con carácter urgente la Conferencia Nacional de Transportes para debatirlo.

El Partido Popular considera de vital importancia garantizar un sistema común de transporte en el Estado, coordinado y vertebrado, que atienda las necesidades de movilidad de la ciudadanía en todo el territorio. "El transporte público por carretera constituye un servicio esencial que debe responder a principios de accesibilidad, eficiencia, asequibilidad y calidad y, por supuesto, debe atender la diversidad territorial que existe en nuestro país", subrayan los responsables.

Desde las regiones del PP aseguran que el nuevo mapa dejaría sin servicio a 3,2 millones de personas al eliminar 456 rutas, un 47,2% del total, y alrededor de 9.305 paradas.

Doble mapa

Frente a las advertencias del PP, el Gobierno asegura que ningún municipio se quedará sin conexión de autobús. En un primer momento, Transportes planteó que fueran los gobiernos regionales los que asuman los desplazamientos intrarregionales a cambio de una compensación económica de 40 millones de euros de fondos estatales, 25 en compensaciones y otros 15 que estiman de los ingresos una vez empiecen a prestarlos.

Sin embargo, a finales de agosto, Puente aseguró en una entrevista con la agencia Efe que no se suprimiría ninguna parada. «Vamos a hacer un mapa concesional en el que, por un lado, establezcamos concesiones que estén pensadas para el desplazamiento de viajeros de largo radio, que es para lo que nosotros tendríamos que trabajar, pero sacaremos a concesión y licitación también rutas con paradas en esos municipios donde es más difícil llegar. Por lo tanto, que nadie se preocupe, no se van a suprimir paradas», según detalló Puente.

El Gobierno defiende que el nuevo mapa concesional de largo radio simplificará la estructura estatal de autobuses, de forma que una ruta de largo recorrido no pare en pueblos o ciudades pequeñas para que sea más eficiente y repercuta en un mayor ahorro de tiempo y dinero. Según sus cálculos, las tarifas podrían reducirse hasta en un 20%.

De momento, sólo han aceptado o podrían aceptar este nuevo esquema propuesto por el Gobierno Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias, Guipúzcoa y Álava, por lo que desde el Gobierno seguirán "trabajando y profundizando" para confirmar el apoyo.