La Inspección de Trabajo, al borde del colapso y en huelga por los incumplimientos de Díaz y Montero

La Inspección de Trabajo afronta esta semana su tercera huelga de 24 horas – convocada por todos los los sindicatos del organismo CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess– por los «reiterados incumplimientos» del acuerdo firmado en 2021 para reforzar este organismo, que «ha sido sistemáticamente despreciado por las ministras que debían cumplirlo, Yolanda Díaz y María Jesús Montero», reiteraron fuentes sindicales. En este acuerdo se recogía una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) y un refuerzo del organismo, tanto humano como estructural, «para paliar los numerosos problemas que nos afectan y cuya intensidad crece día a día».

Los sindicatos denuncian las jornadas interminables –de las que ni siquiera se contabilizan las horas extras porque tienen un sistema especial de remuneración del trabajo–; se le requiere trabajar sábados y domingos para cumplir objetivos –un 30% de su sueldo depende del cumplimiento de esos objetivos– y todo ello «a costa de la salud y seguridad» de la plantilla; con un servicio que está funcionando por «la voluntad de sus trabajadores», porque realmente la plantilla –compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores– debe atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas «con unos medios muy precarios y unos sistemas que tienen más de 30 años» y, evidentemente, «estamos en colapso. Ni siquiera se nos dota de los medios necesarios para ejercer nuestro trabajo» –usan sistemas y programas con una antigüedad de más de 30 años–, máxime cuando se han producido muchos cambios normativos, como la aprobación de la reforma laboral, que ha transformado la legislación.

Los sindicatos exigen una solución al Ejecutivo y cargan especialmente contra la ministras Díaz y Montero, «que se pasan la pelota una a otra, negocian sin luz ni taquígrafos –temen que estén modificando el acuerdo de 2021 y «vulnerando» la Carta de Derechos Fundamentales en materia de negociación colectiva al cambiar el acuerdo que se firmó en su día sin renegociarlo con ellos– y apelan al diálogo social de puertas para afuera y no lo ejercen con sus propios trabajadores». Por ello, las organizaciones sindicales vuelven el miércoles a parar el servicio por tercera vez en la historia del organismo y avisan de que a partir de ahora, si no hay avances las acciones darán un salto cualitativo. Así, presentarán una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea y ampliarán el calendario de paros parciales , que pueden desembocar en una huelga indefinida.

Fuentes del Ministerio de Trabajo siempre han defendido que se está cumpliendo con los acuerdos, y que en los tres últimos años el presupuesto de la Inspección ha crecido un 41,5%, pasando de 145,8 millones de euros a 206,3 millones y que, además, «se está ejecutando un importante incremento del número de efectivos de inspección». Los sindicatos aseguran que mienten, «que el incremento no ha sido real y ni siquiera se ha ejecutado», y argumentan que «eso son solo parches que no solucionan los verdaderos problemas de la ITSS»