Caos ferroviario, incendios y carreteras en estado de ruina: la inversión pública se hunde

Montes que arden, trenes que no llegan a sus destinos, carreteras bacheadas, inundaciones sin control, apagones generalizados... Esa fotografía, que se podía considerar inédita hasta hace pocos años, comienza a ser habitual en el panorama español. Lo que hace unas décadas podía verse como un hecho aislado o excepcional, hoy, comienza a ser un verdadero quebradero de cabeza que dificulta cada vez más el día a día de los ciudadanos. Los problemas en el transporte, el deterioro de las infraestructuras y la fragilidad de los servicios públicos generan una sensación de precariedad inédita. Emergencias climáticas, sabotajes o ciberataques son algunas de las justificaciones a las que el Gobierno se agarra para explicar tanta fatalidad. Sin embargo, si se realiza un análisis más pormenorizado de los datos sobre el gasto público, más concretamente sobre la formación bruta de capital fijo (FBCF) y su evolución, las cifras ofrecen una versión que difiere de la oficial, y pone el foco en otro aspecto para explicar la precarización de los servicios públicos a la que estamos asistiendo: la insuficiente inversión pública.

BBVA Research apuntaba recientemente hacia ello. Así, el servicio de estudios advertía de que el peso del gasto público productivo en España viene disminuyendo de manera alarmante desde hace más de una década. Para ello, se detenía en uno de los parámetros más ilustrativos para medir esta tendencia: la FBCF, la cual refleja cuánto invierte una economía en bienes y servicios, como equipos e infraestructuras, destinados a utilizarse durante más de un año para, precisamente, producir otros bienes y servicios.

En 2024, tal y como señala el autor del informe, Rafael Doménech,la FBCF alcanzó apenas un 2,7% del PIB, lo que representa casi un punto menos que el promedio de la Unión Europea (3,6%) y es 1,4 puntos inferior al registro observado entre 1996 y 2004. En otras palabras, el nivel de inversión en 2024 se encuentra en niveles similares a los de 1996, y eso que han pasado casi 30 años, y es un 40% inferior al máximo histórico registrado en 2009. Este debilitamiento de la inversión se produce en un contexto que no deja de ser paradójico, ya que mientras la inversión productiva cae, el gasto público total no deja de crecer. En 2024, superó los 722.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,15% en relación al año anterior, engordando más y más una deuda pública, que ya alcanza los 1,7 billones de euros.

Esta caída del peso de la inversión se produce, además, en un contexto de aumento de la población que, lógicamente, demanda más y mejores servicios. «La población española ha pasado de 47 millones a 49,3, según los último datos del INE, un aumento que se produce fundamentalmente por la llegada de inmigrantes. Más habitantes requieren, por tanto, más, trenes, más carreteras, más metros... Si la inversión (que se refleja tanto en la formación bruta de capital fijo como neto -que tiene en cuenta el desgaste de los activos-) no crece, pero aumentan las necesidades de la población, se produce insatisfacción y malestar, un sentimiento que ahora estamos viendo cómo se está extendiendo entre la población», expone Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.

Pero, además, la falta de inversión coincide con un periodo en el que España ha recibido una importante inyección de recursos procedentes de los fondos Next Generation. Sin embargo, estos recursos no han tenido el efecto esperado, especialmente en términos de modernización de infraestructuras, y se han empleado principalmente en cubrir gastos corrientes. Y como muestra, un botón: desde 2007, el gasto público corriente per cápita, destinado a partida como pensiones o consumo público, ha crecido un 32,5%, mientras que el gasto público per cápita ha aumentado solo un 6,8% y la FBCF per cápita ha caído un 40,7%.

Este tratamiento desigual del gasto público que, a todas luces es ineficiente, y que adolece de una alarmante insuficiencia inversora, limita el crecimiento potencial de la productividad, frena la convergencia de la renta per cápita con las economías más avanzadas y compromete la sostenibilidad del estado del bienestar. Se podría decir que es «pan para hoy y hambre para mañana», ya que la falta de inversión estructural en infraestructuras repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la competitividad de la economía.

Que la inversión en infraestructuras públicas ha ido perdiendo peso en la inversión total también lo constata el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Junto a la Fundación BBVA, ha elaborado una monografía, que revela cómo ha sido su evolución en las últimas décadas. En 2009, poco después de que estallara la crisis financiera global, la inversión en agua, ferrocarril o carreteras representaba aproximadamente el 50% del gasto total en inversión pública. Apenas tres años después, en 2012, esta proporción se había reducido al 35% como consecuencia de la gran recesión y de los recortes posteriores que llevó aparejada. Aunque la pandemia de la COVID-19 pareció marcar un punto de inflexión, experimentando un ligero repunte hasta situarse en el 33,7%, en 2024, la inversión volvió a retroceder, evidenciando esta persistencia de insuficiencia inversora.

Entre 1995 y 2024, la inversión en infraestructuras en España ha experimentado fluctuaciones significativas, influenciadas por ciclos económicos, políticas públicas y crisis globales. Durante las décadas de 1990 y 2000, se observó un crecimiento sostenido de la inversión, impulsado por políticas de expansión y modernización que buscaban equiparar la red de infraestructuras españolas con la de los países europeos más avanzados. No obstante, la crisis financiera de 2008 marcó un antes y un después, con una drástica reducción en la inversión pública y privada. El impacto de esta caída se prolongó más de una década, y sus efectos todavía son visibles en la actualidad, con un deterioro considerable de carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas y sistemas energéticos, y que no se ha revertido, pese al maná europeo, las facilidades de los tipos de interés bajos de los que se han beneficiado las economías de la eurozona durante años o el récord de recaudación fiscal, que ha permitido llenar las arcas de Hacienda.

Carreteras

Un ejemplo claro de la falta de inversión y mantenimiento es la red viaria. Las carreteras españolas presentan un estado de deterioro grave que afecta la seguridad vial y encarece los costes logísticos. Según datos de la Asociación Española de la Carretera (AEC), en más de la mitad la degradación es considerable, y un tercio requiere reconstrucción urgente. En solo tres años (entre 2022 y 2025), el número de kilómetros con pavimento «muy deteriorado» ha pasado de 13.000 en 2022 a 34.000, casi el triple.

Esta situación contrasta con la de lustros atrás. Hasta el estallido de la crisis financiera de 2008, la principal partida de inversión en infraestructuras era la viaria. Las autopistas, carreteras nacionales y secundarias eran las «niñas bonitas» de la política de inversión. España presumía entonces de tener el país de la UE con más kilómetros de autopistas y autovías en perfecto estado de mantenimiento. Todo un orgullo patrio y símbolo de modernidad y vanguardia. Nada que ver con la realidad actual, que ofrece un panorama desolador con miles de kilómetros que cuentan con firmes en un pésimo estado. Y es que el dinero público destinado a carreteras y autopistas ha caído un 56,3% en términos reales entre 2010 y 2018, según el IVIE y, a la vista de la realidad actual, no hay atisbo de recuperación.

Ferrocarril

Junto a las carreteras, el ferrocarril fue históricamente uno de los sectores mejor tratados en términos de inversión hasta 2009, con una Alta Velocidad que era un ejemplo en todo el mundo y permitía a nuestro país sacar pecho ante sus socios europeos. Sin embargo, a partir de esa fecha, muchas partidas de inversión cayeron en una suerte de «vía muerta», con un descenso de la partida ferroviaria cercana al 70%. Si bien la pandemia de COVID-19 generó un ligero repunte impulsada por los fondos europeos, la inversión en infraestructuras ferroviarias se encuentra en términos reales un 17,6% por debajo de 1995 y es un 63% inferior a los niveles máximos. Esto refleja no solo la insuficiencia de la inversión sino también la falta de continuidad y planificación a largo plazo, que se traduce en un deterioro silencioso de la red y, por ende, del servicio, que ha pasado de orgullo a pesadilla para lo viajeros, que se han de encomendar a todos los santos antes de tomar un tren y rezar para que llegue a su destino a la hora prevista. Tampoco se ha recuperado la inversión en infraestructuras aeroportuarias y portuarias, que todavía no alcanzan el 10% del total, un porcentaje que superaban en el periodo comprendido entre 1995 y 2000.

Agua

Las infraestructuras hídricas también ha sufrido recortes severos desde la Gran Recesión. Entre 2009 y 2018, la inversión en este sector cayó un 75%, situándose actualmente un 42% por debajo de los niveles de 1995. Esta escasa inversión se mantiene estancada en valores próximos al 15% del gasto total, a pesar de la creciente importancia de estas infraestructuras para prevenir y paliar los efectos del cambio climático, como inundaciones, sequías o la gestión de recursos hídricos en zonas vulnerables. La falta de modernización y expansión de estas infraestructuras pone en riesgo no solo la seguridad de las poblaciones, sino también la capacidad de España para afrontar los retos de futuro.

Patrón recurrente

El contexto descrito evidencia un patrón recurrente: mientras el gasto público corriente ha crecido sostenidamente, las inversiones productivas, especialmente en infraestructuras, han sido insuficientes. Este desequilibrio tiene consecuencias no deseadas. «Se está produciendo un crecimiento desequilibrado, que compromete el crecimiento futuro y lastra la competitividad y la productividad. Unas infraestructuras en mal estado no solo inciden en el bienestar de la ciudadanos porque afecta a la prestación de servicio esenciales como el transporte, el agua, la energía o las comunicaciones, sino incrementan los costes logísticos de las empresas y reducen su eficiencia. Si no hay inversión, el país se queda atrasado porque no hay renovación, algo que ahora es palpable», añade Pampillón.

La consecuencia de un gasto público que no para de crecer, pero que lo hace de forma desequilibrada, como los datos muestran, es que limita el crecimiento, compromete la convergencia con las economías avanzadas y amenaza la sostenibilidad del estado del bienestar. En definitiva, estamos asistiendo a una estrategia cortoplacista, que merece ser revisada para garantizar la calidad de vida y la actividad futura.