Los inspectores de Trabajo inician paros diarios tras negarse Díaz y Montero a reunirse con ellos

Los inspectores de Trabajo vuelven a la carga con sus movilizaciones ante la falta de avances para el cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 7 de julio de 2021 para reforzar este organismo, que "sigue sido sistemáticamente despreciado por las ministras que deben cumplirlo, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, que siguen negándose a reunirse con nosotros, sin ni siquiera contestar a nuestras cartas. Por eso, seguimos con nuestro calendario de movilizaciones y las jornadas de huelga en la Inspección de Trabajo se ampliarán a todos los días de la semana durante el mes de mayo", confirmaron fuentes sindicales a LA RAZÓN. Los paros parciales comenzaron hoy con la paralización de la actividad a primera hora de la mañana, con un seguimiento "prácticamente total" de toda la plantilla.

El conflicto se mantiene desde hace más de un año y medio, sin que se hayan tenidos avances para solucionar el "deterioro galopante" de los servicios de la Inspección "ante la ausencia de medidas necesarias para corregir sus deficiencias”, inciden la mismas fuentes. Por ello, todos los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han anunciado nuevas movilizaciones, que se extenderán hasta el 30 de junio, fecha tope en la que han situado los sindicatos el límite para declarar una huelga general en el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. "Si el silencio institucional y la falta de avances persisten en el incumplimiento del acuerdo firmado, que sigue sin aplicarse sin que nos hayan dado razón alguna, el siguiente paso será el paro total del servicio por primera vez en la historia".

CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess centran sus denuncias en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por haber optado por el “silencio” y por su “falta de compromiso con sus propios trabajadores”, y sobre la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que "sigue ocultándose y sin dar la cara”, pese a que las reiteradas peticiones por escrito para negociar. "La respuesta siempre ha sido la misma en ambos casos: el silencio y el desprecio", denuncian fuentes sindicales. Las criticas son extensivas al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que también se le comunicó por carta la precaria situación del organismo "y solo nos contestó dos folios, sin contenido y sin dar una alternativa de negociación ni de solución”.

Las organizaciones sindicales exigen dar cumplimiento al acuerdo para reforzar e incrementar la plantilla de la Inspección y que ha sido "sistemáticamente ignorado", lo que ha provocado "graves carencias, envejecimiento progresivo de la plantilla y exceso de trabajo". Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo (RPT) data de hace más de 20 años, por lo que es necesario "dar cumplimiento a la que se acordó" en 2021, para incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y, progresivamente, el resto de personal comprometido, que "ahora mismo, sigue siendo solo otra promesa incumplida".

Desde el Ministerio de Trabajo siempre han defendido que sí se está cumpliendo con los acuerdos, y que en los tres últimos años el presupuesto de la Inspección ha crecido un 41,5%, pasando de 145,8 millones de euros a 206,3 millones y que, además, "se está ejecutando un importante incremento del número de efectivos de inspección". Los sindicatos aseguran que mienten, "que el incremento no ha sido real y ni siquiera se ha ejecutado, porque lo que han hecho son solo parches que no solucionan los verdaderos problemas", y siguen denunciando las jornadas interminables, con un servicio que está funcionando gracias por la voluntad de sus trabajadores, pese a una plantilla mermada –compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores– que debe atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas, que tiene a su disposición "unos medios en algunos casos obsoletos y muy precarios, que mantienen el organismo en colapso".

Las organizaciones sindicales han vuelto a enviar una carta a Díaz y Montero para que "de una vez por todas se reúnan con nosotros para dar una solución a un problema que va a más. Nuestro último recurso será la huelga general y la paralización del servicio", además de las denuncias que ya han interpuesto a nivel internacional. Primero presentaron un recurso en la Comisión Europea, en base a los incumplimientos con la Agenda 2030, con la inaplicación del Plan de Recuperación que conlleva el reparto de los fondos europeos vinculados al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, "que se publicó en el BOE y está aprobado por el Consejo de Ministros, pero ni se está aplicando ni cumpliendo", denuncia Ana Ercoreca, presidenta de Sislass. El segundo paso se ha dado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante la que han denunciado el incumplimiento de los convenios estatutarios 81, 87, 98, 150 y 151, firmados por el Ministerio de Trabajo, que ha incumplido el derecho a la negociación de la situación laboral y del mantenimiento de la plantilla.