El TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) ha emitido dos autos en los que avala las sanciones que dictaminó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por falsas rebajas en el Black Friday, es decir, por bajar el precio de forma engañosa durante las rebajas del conocido como “viernes negro”, según ha informado el departamento.

Concretamente, el tribunal se ha pronunciado ante los recursos presentados por una de las siete empresas sancionadas en su conjunto con 350.000 euros por estas prácticas. La compañía, que recurrió ante el TSJM, solicitó medidas cautelares para no tener que hacer frente a la sanción mientras se resuelve su recurso, pero el tribunal las ha desestimado en dos autos, prohibiendo que siga llevando a cabo esta práctica, y obligándola, además, a depositar un aval de 110.000 euros por la multa económica.

Según ha explicado Consumo, las falsas rebajas consistieron en que las empresas sancionadas subieron el precio de varios productos antes del Black Friday para luego bajarlos a su precio original y ofertarlos como si fuera un descuento. Esta práctica supone un incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ya que esta norma estipula que, a la hora de mostrar el descuento de un producto, se debe indicar como precio de referencia el menor precio que haya tenido ese producto en los 30 días anteriores al descuento, según detalla el ministerio.

Consumo asegura que tres de las siete empresas sancionadas admitieron haber realizado estas prácticas engañosas, mientras que las cuatro restantes presentaron recurso.

Estas sanciones corresponden a falsas rebajas llevadas a cabo en el año 2023 por compañías que comercializan de forma online sus productos y que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies, esto es productos como electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética. Para monitorizar los precios de estos productos, la Dirección General de Consumo usó "Price Reduction Tool", una herramienta desarrollada por la Comisión Europea que permite controlar en tiempo real si las ofertas realizadas en épocas de elevado consumo cumplen con la normativa sobre indicación de precios.