El mayor alza del gasto desde 2010 pone en jaque las pensiones

La nómina de agosto alcanza los 9.217,9 millones de euros, primer mes en que se ha consolidado la subida del 1,6%. El incremento del subsidio medio ha sido del 4,86%, el mayor desde 2010. El Gobierno reitera que estudia qué impuestos aplicar para enjugar el déficit del sistema

El PP dejó en herencia una subida de las pensiones mínimas del 3%, del 1,6% para el resto y la ampliación de la base reguladora de las pensiones de viudedad para quienes no perciban otra pensión pública del 52% al 56%. Lo consignó en los Presupuestos de este año, que pactó con el PNV y que Mariano Rajoy, erróneamente, creyó su salvoconducto para agotar la legislatura. Eso fue antes de que los nacionalistas apoyasen la moción de censura de Pedro Sánchez y lo convirtieran en presidente del Gobierno. Fue una traición, sin embargo, muy beneficiosa para los peneuvistas, pues Sánchez hizo suyos los presupuestos de Rajoy y los nacionalistas se anotarron el tanto de las subidas, consolidadas por primera vez en la nómina de agosto –el 27 de julio la Seguridad Social pagó los atrasos con respecto al 0,25% que había subido en enero– y que han supuesto un repunte notable del gasto. El incremento del 4,86% de estos subsidios, el mayor desde 2010, ha elevado la nómina mensual hasta un récord de 9.217 millones de euros, según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Trabajo. Son 185 más que el mes anterior, frente a los incrementos de entre 20 y 25 millones que se venían registrando en los meses previos.

Tras las subidas, la pensión media se ha situado en 956,42 euros, mientras que la de jubilación sobrepasa por primera vez los 1.100 euros –1.102,38 euros–.

La subida de las pensiones pactada por el PP y el PNV y asumida por el PSOE tendrá un coste estimado de 3.200 millones este ejercicio y el que viene. Y aunque el Plan de Estabilidad para el periodo 2018-2021 enviado por el PP antes de la moción de censura de Rajoy aseguraba que no iba a impactar en el objetivo de déficit del 2,2% entonces previsto para este ejercicio, la realidad es que uno de los primeros movimientos de Nadia Calviño fue renegociar esa meta con Bruselas. España ha conseguido cinco décimas extra –unos 6.000 millones de euros–, de las que tres, unos 3.720 millones de euros, son para las pensiones. Y es que meter un gasto extra sólo por la subida de las pensiones de 1.600 millones anuales a la caja de la Seguridad Social no hace sino tensionar al máximo un sistema que, en 2017, arrojó un déficit de 18.800 millones de euros y que va a peor. Sin contar los pensionistas que se incorporarán, groso modo, BBVA Research calcula que el coste acumulado de la subida ya aprobada durante todos los años que se abonará a los 8,5 millones de perceptores actuales será de 40.000 millones de euros si no hay más mejoras en 2020.

Como dijo ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lo ideal sería que el sistema público de pensiones se sustentara exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Pero la realidad es que no lo hace y que el Estado, en los últimos años, debe hacer un préstamo a la Seguridad Social para afrontar el pago de las extras tanto de verano como de Navidad. «Ha ido a menos y, por tanto, el sistema sólo con cotizaciones no se puede mantener. Y hay que comenzar a adoptar medidas», aseguró Valerio en un acto de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza (Jaén), informa Ep.

Planes privados

Cómo completar las pensiones sin recurrir a esos préstamos es lo que está ahora sobre la mesa del organismo competente en la materia, el Pacto de Toledo, dijo Valerio. La ministra recordó que la Ley de Seguridad Social permite transferencias desde los Presupuestos para atenciones especiales, algo que, recordó, ya hacen países como Alemania o Bélgica. «Si no es suficiente con cotizaciones, hay que inyectar Presupuestos Generales del Estado, impuestos. Y luego ya se puede debatir si nos vamos a impuestos especiales, tipo impuesto a la banca, a las transacciones financieras, la llamada “tasa Google” o a las tecnológicas. O nos vamos a hacer una reforma fiscal justa que implique más ingresos, que los tienen que poner los que más tienen», aseguró.

Con una fiscalidad u otra, lo que Valerio aseguró es que el sistema público de pensiones «va a tener un futuro halagüeño» porque así debe ser. «No podemos decir a la ciudadanía, a quienes están trabajando, y menos a los que están desempleados buscando empleo, que el futuro de una pensión digna para ellos es hacerse un plan privado de pensiones. Quien quiera y pueda, que se lo haga. Pero el Gobierno lo que tiene que velar es por un sistema público potente, fuerte, solvente y que dé esperanza en el futuro», explicó la ministra.