La Ley de Vivienda hará aún más exigente el "casting" de inquilinos, lo que perjudicará a las rentas medias y bajas

El proyecto de Ley de Vivienda pactado por el Gobierno y sus socios parlamentarios puede escorar todavía más el mercado del alquiler hacia las rentas más altas. Eso es lo que creen los expertos del sector, que advierten de que las medidas adicionales que incluye para dificultar los desahucios pueden acabar expulsando del mercado a las rentas medias y bajas.

El acuerdo, como recuerdan desde Alquiler Seguro, obligará a establecer una fecha y hora predeterminada lo que, en la práctica, «supondrá un grave obstáculo para la ejecución efectiva», explica su presidente, Antonio Carroza. Quizá sea ésta la traba más llamativa, pero, como añade Carroza, el proyecto pretende incluir nuevas prórrogas que podrían dilatar el procedimiento de desahucio hasta dos años más. Además, prosigue, dejaría en manos de organismos regionales y municipales lo que el proyecto recoge como «nuevos instrumentos» que paralizarían los desahucios «injustificados», algo que no tienden porque «qué mayor justificación puede haber que el dictamen de un juez», dice Carroza.

Este conjunto de medidas va a provocar, según Carroza, que a que someten ya los propietarios a los potenciales inquilinos por la escasez de oferta y abundante demanda se endurezca. «Los requisitos de los propietarios serán mayores. Ante las mayores dificultades de desalojo de la vivienda y con la intención de disminuir el riesgo de impago, el nivel de ingresos y la estabilidad laboral serán más determinantes que nunca, dificultando el acceso a la vivienda a una gran parte de la población española, en especial, a los sectores más vulnerables y a los jóvenes», según advierte Carroza.

El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluye también que las trabas a los desahucios del proyecto suponen «un mayor riesgo para los arrendadores, pues puede provocar un aumento de impagos». Y añade, en línea con Alquiler Seguro, que «esto podría provocar que los propietarios alquilaran sus viviendas sólo a rentas medias y altas, para minimizar así el riesgo de impago», advierte.

Otros requisitos

Más salario no es lo único que algunos actores del sector prevén para endurecer el «casting». José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), advierte de que, a los perfiles menos solventes, también se les exigirán más fianzas y garantías, así como que acrediten que tienen puestos de trabajo estables y seguros. «Limitar rentas, poner bonificaciones fiscales muy selectivas y el mayor coste de gastos de gestión que tendrán los arrendadores, sin una contrapartida en términos de rentabilidad y, sobre todo, de seguridad jurídica para quién sufre un impago; hará que se endurezcan las condiciones de acceso al alquiler para los inquilinos, que se extiendan los plazos del contrato por encima del año renovable, generando mayor indemnización en casos de finalización anticipada, que se pida la máxima fianza y garantía adicional y que se sea más exigente en el análisis de solvencia de los inquilinos», le secunda José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Fotocasa destaca que uno de los aspectos precisamente que más preocupan a los propietarios es la dificultad que puedan tener para recuperar uno de sus inmuebles. «Todo lo que tenga que ver con dificultar o alargar la recuperación del inmueble por parte de su dueño genera más inseguridad sobre el propietario. En la encuesta conjunta que hicimos con la Agencia Negociadora del Alquiler, preguntábamos si estarían dispuestos a aceptar una limitación del precio de los alquileres y los propietarios particulares contestaban que sólo en el caso de que se acelerasen cuestiones como los desahucios», explica su portavoz y directora de Estudios, María Matos. Por eso, añade, si se ponen más reparos, los propietarios serán más exigentes buscando así las garantías que no les ofrece el Gobierno.

A idealista tampoco le parece descabellado pensar que la nueva ley deje en fuera de juego a más inquilinos con pocos recursos. «Todas las medidas que fomentan la reducción de la oferta de vivienda tienen el mismo efecto: la misma gente busca vivienda pero el parque disponible es cada vez más pequeño y los propietarios tienen más donde elegir. Los criterios que utiliza la mayoría de los caseros están fundamentados en el riesgo que asumen a la hora de firmar el contrato: riesgos de impago, de inquiokupación o de subarriendo, entre otros», según remata su portavoz, Francisco Iñareta..