"Los tribunales han generado una inseguridad mala para todos"

LA RAZÓN organiza un coloquio, con el patrocinio de Clece, en torno a los cambios de jurisprudencia en la subrogación de los contratos y en la sucesión de plantillas. La nueva adjudicataria asumirá las deudas de la anterior.

Hace un año el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia que marcaría un antes y un después para las empresas y trabajadores españoles. Cambiaría por completo la subrogación convencional de los convenios en los sectores intensivos en mano de obra como pueden ser los de limpieza o seguridad privada. Así, afectaría a la sucesión de plantilla y deudas entre una compañía saliente y otra entrante en una adjudicación. El pasado mes de octubre nuestro Tribunal Supremo ratificó la sentencia del TSJUE y sentó jurisprudencia en España, por lo que el giro en la subrogación se formalizaba del todo en nuestro país. Con el patrocinio de Clece, filial de ACS, LA RAZÓN convocó el debate «Nuevos riesgos en la contratación de servicios. Inseguridad en el sector tras el cambio de jurisprudencia». Participaron Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración en la novena legislatura de la democracia bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero; Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense y presidente emérito del Tribunal Constitucional; Francisco Javier Sigüenza, secretario general de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE); Valeriano López, miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y Diego Giráldez, responsable estatal de seguridad privada y servicios auxiliares de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT.

Para empezar, hay que recalcar el modo de proceder del TSJUE ha generado bastante controversia entre los juristas de nuestro país. Pérez de los Cobos afirmó que «el control de adecuación al Derecho europeo que realiza el Tribunal de Luxemburgo es abstracto, y no siempre parte de un conocimiento suficientemente profundo del Derecho interno que enjuicia, y frecuentemente ignora, las consecuencias jurídicas y políticas que puede producir su decisión».

Y, sobre todo, para los actores más importantes y los que de verdad están en el centro del debate, el millón de trabajadores que se ven directamente afectados por las sentencias de los tribunales. Éstas, sostuvo Valeriano Gómez, «crean problemas que estaban razonablemente resueltos, como uno de estabilidad laboral, que en España no tenemos a pesar de nuestra elevada temporalidad». La causa de que la estabilidad y la temporalidad puedan convivir en nuestro país, añadió, es que «hay trabajadores que están toda la vida sumando contratos de obra y servicio», e incluso la duración media de estos empleados en un puesto es superior al de los que tienen contrato indefinido

No obstante, con la nueva jurisprudencia que se ha establecido en materia de subrogación, los niveles de estabilidad podrían reducirse considerablemente, ya que, como afirma Pérez de los Cobos, «la nueva jurisprudencia, en la medida en la que hace depender la aplicación de la sucesión empresarial y del régimen de responsabilidades de la asunción por la nueva contratista de una parte significativa de la plantilla previa, puede llevar a las nuevas contratistas a no hacerse cargo de la plantilla de las anteriores, lo que lesionaría los intereses de los trabajadores».

Precisamente, para Sigüenza la continuidad del empleo, junto a la seguridad que encontraban las empresas, eran las dos condiciones que «conducían a la paz social». Pero las sentencias han cambiado radicalmente el clima y, ahora, contó, «se ha generado una inseguridad que es mala para todos».

Por su parte, Giráldez recalcó que lo que se produce tras las decisiones del TSJUE y el TS es «un conflicto laboral y empresarial». Y también un grave problema para los políticos, que pueden ver cómo las licitaciones que presentan no se cubren por la falta de competidores. Por lo tanto, deberán estudiar una alternativa de cómo hacerse cargo de los servicios a cuyos concursos «no concurran compañías porque crean que la anterior adjudicataria podría tener deudas que, según la nueva jurisprudencia, tendrían que asumir».

Evidentemente, ninguna empresa está dispuesta a hacerse cargo de unos pasivos que ella misma no ha generado. Y menos en un país como el nuestro, en el que la mayoría del tejido empresarial es de pequeño tamaño y se puede dar el caso de que esos pasivos sean mayores que los activos, lo que provocaría la desaparición de esas empresas, explicó López. Quien apuntó que, en definitiva, «ya se está notando en la práctica del día a día que hay concursos en los que las empresas no concurren».

Para las empresas, además, la sentencia provoca que un proceso de contratación pública se asemeja más al de la compra de otra compañía. En ambos casos, comenta Sigüenza, «se comprobarán los riesgos antes que nada», pues en el de adquisición se absorbe la deuda de la empresa comprada, lo mismo que ocurre ahora con una adjudicataria saliente y otra entrante.

De esta manera, los grandes favorecidos por la nueva situación serán las empresas que no han satisfecho sus impuestos o los sueldos de sus empleados. Curiosamente, estas compañías «son adjudicatarias de un número importante de contratos públicos en España», manifestó Giráldez. En este sentido, Sigüenza mantuvo que «el único beneficiado es quien no cumple, los defraudadores o los que no pagan». Por suerte, la mayoría de las corporaciones son honestas, aseguró López: «No es la tónica habitual que las empresas no cumplan con sus contratos, así que por eso esperamos que la problemática no se generalice».

Soluciones

Quizá aún sea demasiado pronto para buscar soluciones concisas a los problemas que genera la nueva jurisprudencia en materia de subrogación, ya que la totalidad de sus efectos no han salido a la luz y, por ese motivo, tampoco han podido ser analizados en profundidad. Sin embargo, sí es posible dar una líneas básicas sobre las que debe ir encaminada las resoluciones del conflicto.

El ministro Valeriano Gómez indicó que «hace falta una parada reflexiva que permita desarrollar un nuevo marco en este ámbito, tratando de dar mayor seguridad jurídica»; mientras que Pérez de los Cobos subrayó «la necesidad de respetar la jurisprudencia europea», pero invitó a explorar «los márgenes que ofrece la Directiva para conseguir que se sigan tutelando los derechos que hasta ahora se garantizaban».

Gómez quiso recalcar que el papel de las administraciones no tiene que ser la de meros receptores de la situación creada por las sentencias, pues se ven afectadas igual que las empresas. Por ello, destacó «están interesadas», en encontrar una salida al problema. La reacción por parte del Gobierno es esperada, pero resulta necesaria que se produzca lo antes posible para poder mitigar los perjuicios que sufrirían las compañías y sus trabajadores.

Giráldez abogó porque «los sindicatos, la patronal y la Administración debatan sobre una situación de contratación pública socialmente responsable». Es decir, que se cree una regulación a través de la cual «las partes garantes doten a la ciudadanía de una calidad suficiente de los servicios, cumpliendo con las garantías de los trabajadores que realicen los servicios». Para culminar, comentó dos elementos que considera fundamentales para poder crear una buena normativa que respete la nueva jurisprudencia de subrogación. Por un lado, «hay que asegurar la fiabilidad de la documentación, que se certifiquen las deudas o aplazamientos del IVA». Por otro, «se tiene que elaborar una modificación legislativa adecuada».