Empleo

Más de 1.000 interinos que gestionan el ingreso mínimo denuncian su despido sin regularización, antigüedad, ni experiencia para las oposiciones

Seguridad Social defiende que su contratación "estaba asignada a un programa concreto", por un "tiempo determinado" y que "ya se conocía previamente el final del contrato"

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El empleo de más de un millar de trabajadores interinos integrados en el área de gestión del ingreso mínimo vital (IMV) tiene los días contados. Seguridad Social y Función Pública pondrán fin a su contratación, que se remonta a 2020 cuando, en plena pandemia, la Seguridad Social recurrió a una bolsa de trabajo para buscar trabajadores cualificados que pudieran ocuparse de una ayuda que en ese momento estaba pendiente de desarrollo y que requería de «un esfuerzo singular, debido a su complejidad y a la inmensa demanda», explican fuentes sindicales, que critican que los trabajadores «firmaron un contrato a ciegas en el que no se especificaba su duración ni sus funciones específicas».

Y cuatro años después, «de manera sorpresiva y subrepticia, sindicalistas y personal interino descubren que el Ministerio de Función Pública ha decidido convocar en oposición libre las plazas correspondientes al Ingreso Mínimo Vital. Lo que supone, de facto, el despido de los empleados que se encargaban de este servicio, que solo disponen de cinco meses para preparar unas oposiciones con una demanda masiva sin descuidar su trabajo», denuncian.

Desde Seguridad Social explican que «se trata de personal interino asignado a un programa y un proyecto concretos –la puesta en marcha del IMV– y por un tiempo determinado, que ya se conocía previamente». Defienden que el Ministerio «ha operado en todo momento acorde a la legalidad en este asunto», y aseguran que «en ningún caso, la gestión del IMV se va a ver afectada puesto que se trata de plazas ya convocadas y cuyos exámenes serán el próximo mes de noviembre».

Pero no piensan lo mismo los trabajadores afectados, que entienden que «esta decisión implica que este proceso, al ser de libre acceso, no tendrá en cuenta los cursos oficiales que hayan podido superar estos interinos, ni su antigüedad, ni su capacidad demostrable en el puesto». Además, «critican con dureza que «tampoco se haya previsto algún tipo de contraprestación por los años trabajados, en muchos momentos en una situación de enorme precariedad laboral».

Asimismo, acusan a Función Pública de haber convocado esta oferta de empleo con el objetivo de que no se cumplan los cinco años de servicio en la Administración Pública, el plazo recogido por el Real Decreto-Ley 14/2021, que prevé la estabilización del empleo temporal en las administraciones públicas para los empleados que superen estos años trabajando de manera ininterrumpida y cumplir con la exigencia de la Justicia europea, que obliga a regularizar a los interinos españoles con un proceso de consolidación que debe tener en cuenta los principios normativos de acceso a la función pública: mérito, capacidad y antigüedad, recoge Efe. Función Pública ha declinado hacer comentarios y Seguridad Social asegura que su relación contractual se limitaba estrictamente a la puesta en marcha del IMV, «no estaban ligados a ningún programa de cinco años o más».