Novedades en el bono social eléctrico: estos son los cambios a partir del 1 de julio

El Consejo de Ministros aprobó este mismo martes un nuevo decreto ley que prorroga varias de las medidas implementadas para mitigar los efectos de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Entre las novedades se incluye la eliminación del IVA al aceite de oliva hasta octubre, que entra en vigor este viernes. Además, se aprobó la reducción gradual del bono social eléctrico y la extensión de diversas garantías de suministros eléctricos para los consumidores vulnerables, entre otros puntos.

Sin embargo, algunas medidas llegarán a su fin el 30 de junio al no estar incluidas en el nuevo decreto. Por ejemplo, los consumidores experimentarán un aumento en su factura eléctrica debido a que el Impuesto Especial sobre la Electricidad, aplicado en el recibo de la luz, retornará al 5,11%.

Cambios en el bono social eléctrico

El bono social eléctrico se ha convertido en un salvavidas de consumidores vulnerables para afrontar el pago de la factura de la luz. Ahora, como ha confirmado el Gobierno esta semana, sufrirá una reducción gradual de los descuentos. Actualmente, este bono ofrece un descuento del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los vulnerables severos.

Sin embargo, estos porcentajes disminuirán progresivamente en los próximos trimestres. A partir del 1 de octubre, el descuento se reducirá al 57% y 72,5%, respectivamente. Esta tendencia continuará hasta julio de 2025, cuando los descuentos serán del 35% para consumidores vulnerables y del 50% para vulnerables severos, cifras aún superiores al 25% y 40% previas a la crisis energética.

La disminución del descuento se efectuará a un ritmo del 7,5% trimestral, según han explicado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No obstante, el Ejecutivo continuará con la prohibición de cortar los suministros básicos de electricidad, agua y gas a los consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre.

Prórrogas en más medidas energéticas

Junto con los cambios en el bono social eléctrico, el Gobierno ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2024 la garantía de suministro de agua y energía para los consumidores vulnerables, asegurando que estos servicios básicos no se interrumpan por impago. Además, se ha extendido hasta fin de año la flexibilidad para modificar, sin penalización, la potencia de los contratos de suministros de electricidad, permitiendo a los consumidores ajustar sus contratos a sus necesidades reales sin costes adicionales.

Otra medida significativa es la decisión de dar carácter indefinido al derecho de acceso a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para las comunidades de propietarios con calefacción y agua caliente colectiva. Esta tarifa especial ayudará a mantener bajo control los costes energéticos en los edificios residenciales.

Otras medidas implementadas

El mantenimiento de la rebaja fiscal para alimentos básicos y la eliminación temporal del IVA al aceite de oliva hasta octubre también representa un alivio económico para los hogares, al reducir el coste de un producto esencial en los hogares. La supresión del IVA del 5% sobre el denominado "oro líquido" permitirá a las principales cadenas de supermercados, como Mercadona, Eroski, Carrefour, Lidl y Supermercados DIA, reducir sus precios. Este ajuste se traducirá en una disminución aproximada de 50 céntimos por unidad, quedando así su precio en dichos supermercados.

En el nuevo decreto anticrisis, el Gobierno ha decidido a su vez ampliar hasta finales de 2024 las ayudas a la industria gasintensiva y electrointensiva para compensar los costes adicionales derivados del incremento de los precios de la energía. Además, se mantiene hasta fin de año la reducción del 80% de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución para la industria electrointensiva.

También se ha prorrogado hasta finales de año el Plan Moves III, que ofrece ayudas para la compra de vehículos electrificados y la instalación de puntos de recarga; y se ha introducido la libre amortización en el impuesto de sociedades para las inversiones realizadas en 2024 y 2025 en nuevos vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga, aplicándose también a los autónomos que tributen por IRPF, entre otras medidas.