La OCDE pide a España subir la edad de jubilación, recortar las pensiones y reconsiderar la subida del SMI

Golpe a la política económica y laboral del Gobierno de Pedro Sánchez. La OCDE ha puesto en cuestión la práctica totalidad de los hitos desarrollados durante la pasada legislatura por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y pone en duda la viabilidad de las dos principales reformas, pensiones y laboral, y la transición ecológica, y cuestiona la política fiscal aplicada, además de constatar el parón del crecimiento económico en 2024, que reduce al 1,5%.

En concreto, Clare Lombardelli, economista jefe de la OCDE, durante la presentación del Estudio Económico de España, ha criticado la falta de resultados en aspectos como el paro, la productividad, la educación o las desigualdades. Así, ha instado a bajar la tasa de paro -el doble de la media de la UE y muy por encima de la OCDE-, a desarrollar una consolidación fiscal basada en la eficiencia del gasto y un cambio de rumbo impositivo, a aumentar la baja productividad -de las más bajas de los países desarrollados-, a acabar con el aumento de la desigualdad y la pobreza sistémica -la más elevada del mundo occidental, el 22% de la población, y muy por encima de la media de la OCDE-, y a poner fin al problema educativo y laboral de los jóvenes, cuya tasa de paro triplica la media europea y lidera este ranking.

“España debería apoyarse en su sólido crecimiento económico para elevar la productividad y ayudar a los jóvenes a materializar su potencial”, aseguró Lombardelli, que insistió en que se debe "recomponer el margen fiscal, mejorar la educación y redoblar los esfuerzos para abordar los retos medioambientales, que serán determinantes para impulsar un crecimiento y una prosperidad sostenibles y a largo plazo”.

Para la OCDE, todo este esfuerzo debe cimentarse en "una consolidación fiscal más fuerte y sostenida, para mantener en una trayectoria descendente el elevado endeudamiento público", sobre todo cuando advierte que el incremento que se va a producir en el largo plazo de los gastos sanitario y en pensiones se va a prolongar en el tiempo, especialmente en el caso de las pensiones, sobre las que pronostica que su gasto se elevará sin freno hasta 2040. El informe también pone en duda que la revalorización de esta prestación con el IPC va a provocar un "incremento considerable" del sistema, por lo que propone retrasar la edad de jubilación, "vinculando la edad legal de jubilación a la esperanza de vida en el momento de la jubilación, como ya recomendamos en 2021", apunta el informe, y realizar una reducción "adecuada" del importe de estas prestaciones. Además, el periodo de cálculo de la pensión "debe ampliarse, muy probablemente a al menos 40 años, para garantizar la sostenibilidad financiera", insisten.

La advertencia sobre las insostenibilidad del sistema de pensiones es explícita por parte de la OCDE si no se tienen en cuenta sus recomendaciones para un ajuste creíble: "Si el déficit de la Seguridad Social sigue cubriéndose con ingresos generales, el mantenimiento de las pensiones se hará a expensas de otras prioridades y en detrimento de la generación más joven, ya de por sí desfavorecida".

También carga el informe con las consecuencias de las reiteradas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), sobre el que explica que haberlo elevado un 47% desde 2018 ha tenido un "impacto perjudicial en el empleo", sobre todo en el colectivo de los jóvenes, que han visto mermadas sus horas de trabajo por la reducción de jornada y disparado las causas de su despido, por lo que solicitan mesura a la hora de abordar nuevas subidas y que éstas estén relacionadas con la "productividad" y adecuarse a las "condiciones del mercado de trabajo".

Por tanto, los analistas de la OCDE apuntan que la Administración necesitaría más recursos para afrontar ese gasto, que deberían llegar con subidas de impuestos, pero también con recortes "significativos" del gasto. Eso sí, la OCDE comparte el fondo pero no la forma por la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado incrementar sus ingresos. Hasta ahora, desde el Ejecutivo se ha apretado las tuercas a las empresas -sobre todo a banca y energéticas-, se ha elevado la imposición sobre el capital y gravado en mayor medida el patrimonio y las grandes fortunas, se han disparado las cotizaciones sociales y elevado la presión fiscal a los hogares medios. Por ello, los analistas piden un cambio de rumbo en la fiscalidad y apuestan porque el aumento de los ingresos debe llegar a través de impuestos indirectos, como el IVA, mayor presión sobre la fiscalidad verde y más impuestos especiales, como al tabaco y al alcohol.

Además de cuestionar la política fiscal, tampoco se cree las cifras del ajuste fiscal que ha presentado el Gobierno en su Plan Presupuestario en Bruselas. Desconfía de la capacidad del Ejecutivo para reducir su déficit por debajo del 3% del PIB al cierre de 2024 si mantiene el actual nivel de gasto y deuda, que no dejan de crecer, y su apuesta de centra más que se finalizará el próximo año con medio puntos más, en el 3,5%, lo que incumpliría las reglas fiscales marcadas desde la UE. Asimismo, la deuda comenzaría de nuevo a subir desde el 109,4% hasta el 110% del PIB por la ralentización económica y una previsibles bajada de los ingresos.

El informe incide especialmente en las desigualdades de renta y la pobreza acumuladas en los últimos años, especialmente entre las mujeres, una pobreza mucho más elevada comparada con la OCDE y que el Gobierno no ha reducido. Según constata, "una de cada cuatro personas en España es pobre o está en riesgo de pobreza y exclusión social, y la pobreza infantil sigue siendo la más alta de Europa occidental, con casi un 22%". Por ello reclama que las ayudas sociales deberían dirigirse a los más necesitados, sobre todo las familias de bajos ingresos con hijos, ampliar el Ingreso Mínimo Vital, que no ha conseguido alcanzar sus objetivos propuestos, y mejorar la integración laboral de las mujeres y, en especial, de las madres, que "debería seguir siendo una prioridad para reducir las desigualdades de renta".

Para rematar, el organismo ha recortado en cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2024, para dejarlo en el 1,5%, con una tasa de paro del 11,5%, que seguiría siendo la más alta de la Unión Europea, y con el lastre del 27% de desempleo entre los menores de 25 años, la más elevada del Viejo Continente y una de las más altas de la OCDE.