El periodo de cálculo de la pensión atasca la reforma de Escrivá

El acuerdo para elevar el periodo de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, situado en 25 años, es casi el único punto de fricción para sacar adelante la última pata de la reforma de las pensiones, que permitiría a España acceder, además, a los 10.000 millones de ayudas del cuarto tramo que le tiene asignado la Comisión Europea. Una lluvia de millones que está condicionada, por cierto, al éxito en las negociaciones que mantiene contra reloj el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no solo para tratar de convencer a los sindicatos sino a sus socios de coalición en el Gobierno y a su heterogéneo abanico de apoyos en el Congreso de los Diputados.

Escrivá pretende tener cerrado el acuerdo antes de Semana Santa, lo que implica llevarlo al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Aunque Escrivá suele ser muy precavido en sus pronósticos y más aún sobre el contenido de sus negociaciones, no da puntada sin hilo y esta misma semana afirmaba tras reunirse en Bruselas con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que nada haría peligrar el desembolso de esos 10.000 millones. «La reforma estará lista a tiempo, antes de Semana Santa», indicaba.

Y los últimos movimientos de los sindicatos e incluso de Podemos pueden dar alguna pista de lo que va a suceder. Porque si la formación morada, UGT y CC OO montaron en cólera ante la insinuación de que Escrivá planteaba ampliar el periodo de cálculo a 35 años y subrayaron que esta ampliación no figura entre las recomendaciones de reforma de las pensiones del Pacto de Toledo, lo cual es cierto, la propuesta de máximos del ministro fue rebajada en septiembre del pasado año a 30 años, descartando los dos peores, así que la ampliación se quedaría en 28 años para apaciguar a Podemos.

Pero ni con esas queda aún claro si esta ampliación quedará así o se hará bajo otros parámetros que eviten el recorte generalizado que supone para las carreras laborales lineales –la inmensa mayoría, en las que los sueldos y las contribuciones a la Seguridad Social son siempre crecientes– cualquier ampliación del periodo de cálculo.

UGT y CCOO han insistido esta semana en que «no tienen novedades» sobre lo que plantea Escrivá y han demandado que se convoque al Pacto de Toledo y a la mesa de diálogo social, que no mantiene reuniones formales desde finales del año pasado. A esa cita del diálogo social acudirá también la patronal CEOE que, no obstante, se ha desmarcado casi desde el inicio del acuerdo dado su rechazo tanto al destope de las bases máximas, una medida que conlleva un aumento de los costes laborales a las empresas, como al posible recargo para las cotizaciones de los salarios más altos, que tampoco gusta a los empresarios.