¿Qué es un parado para el Gobierno?

Al comenzar cada mes, los medios de comunicación nos ofrecen estadísticas diversas sobre la evolución de nuestra economía. A la confusión natural que siempre se produce por el hecho de que utilicemos varias perspectivas para analizar la misma realidad, se une ahora, en lo referido al mercado de trabajo, un fenómeno novedoso: el Gobierno de la Nación modifica la realidad sobre la que se opera (caso de los contratos fijos-discontinuos), cambia las fórmulas para desestacionalizar las series sin publicar información suficiente sobre esos cambios (como se acaba de hacer para los datos de afiliación a la Seguridad Social) o se niega a publicar la información que posee con las más variadas excusas (negándose a decirnos cuántos fijos discontinuos están en cese de actividad).

En el último informe del SEPE sobre “Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo”, referido al mes de Enero pasado, se puede comprobar que, en las Islas Baleares, al cierre del mes, había 35.554 parados registrados y 79.621 beneficiarios de prestaciones por desempleo. Parece no tener ningún sentido, pero esto se explica, con toda probabilidad, por el hecho de que hay miles de trabajadores que mantienen contratos fijos-discontinuos en vigor, pero en cese de actividad, y que no se contabilizan como parados.Es cierto que, como aduce el gobierno, los contratos fijos discontinuos nunca se han contabilizado como parados. Pero es una anomalía, pues la Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985 que establece los criterios estadísticos para medir el paro registrado no los excluyen de la relación de demandas de empleo.

Además, tras la práctica eliminación por parte del Gobierno de los contratos temporales, la figura del fijo discontinuo ha pasado de ser marginal a ocupar un papel central, cuya evolución es imprescindible conocer. Lo que antes era irrelevante se convierte ahora en asunto central, como puede comprobarse con el ejemplo antes citado.

Durante los últimos meses, la presión para que el Gobierno nos diga cuántos contratos Fijos-discontinuos hay, y cuántos de ellos están en cese de actividad, ha sido constante. Parece razonable. Dado que estos trabajadores están excluidos de las cifras de parados, necesitamos ese dato para tener un retrato preciso de la realidad. El Ministerio de Trabajo ha dicho que esa es una información difícil de conseguir, y que depende de las comunidades autónomas. Por supuesto, eso no es cierto. El SEPE tiene una base de datos denominada “Contrata” en la que se comunican los datos referidos a la contratación de trabajadores. Es más, en la web de esta plataforma se dice expresamente: “A través de Contrat@ se pueden comunicar los datos de Contratos, Copias Básicas, Prórrogas, Llamamientos de fijos discontinuos y Pactos de horas complementarias, (…)” Una fácil explotación de esta base de datos, junto con la de la Tesorería General de la Seguridad Social y la de Prestaciones del SEPE debería bastar para ofrecer al público un relato transparente de lo que está pasando. La explicación de que los técnicos no son capaces de realizar esta explotación es inverosímil.

Aunque el leit motiv de la (contra)reforma laboral consistió en acabar con la contratación temporal, su propósito real sólo podía consistir en esconderla. En mi opinión, el diagnóstico sobre estos contratos es equivocado, y parte de un prejuicio: la temporalidad del mercado de trabajo español no tiene tanto que ver con su regulación como con nuestra estructura económica, y no se corrige con modificaciones regulatorias o estadísticas. En muchas regiones españolas el peso de las actividades intrínsecamente temporales es muy grande, y suprimir una fórmula de contratación que asume esa realidad no la cambia, sino que empuja a los actores a buscar otras maneras de instrumentarla.

Por otro lado, no se acierta a comprender qué relación jurídica pueda existir entre un trabajador en cese de actividad y el empresario que lo contrató, al margen de una obligación formal del último de llamarle si vuelve a necesitarlo. Ciertamente, se ha impuesto una indemnización en caso de despido que contabiliza toda la vida del contrato, independientemente de que se haya estado trabajando o no, pero creo que ello sólo es un incentivo para no despedir a aquéllos con quienes no tienes por qué contar. Eso sí: a efectos estadísticos, el trabajador figura como trabajador con contrato indefinido y no como parado, incluso aunque esté percibiendo prestaciones por desempleo.

El Ministerio de Seguridad Social también mantiene una relación conflictiva con los datos de afiliación. En varias ocasiones, diversos institutos privados han mostrado su desconcierto ante las series desestacionalizadas del Ministerio, ofreciendo datos alternativos. Así que, a mitad el mes de enero, el Ministerio comunicó que estaba trabajando en una fórmula de desestacionalización nueva, más completa y rigurosa. Los datos de cierre han vuelto a sorprender a propios y extraños: mientras la afiliación bruta pierde más de 215.000 afiliados, su desestacionalización ministerial transforma mágicamente esa cifra en un incremento de afiliación de casi 58.000 trabajadores. El más que moderado modelo del BBVA sitúa los datos desestacionalizados en 47.000. ¿Qué explica una diferencia del 23% entre la cifra del BBVA y la de Escrivá? Ni se sabe, ni se puede saber, ya que el ministerio no ha dado suficientes explicaciones sobre la fórmula que utiliza.

Quisiera, por último, ofrecer la perspectiva del mercado de trabajo, tal y como la vemos desde la Comunidad de Madrid.

• Tenemos el desempleo más elevado de toda la Unión Europea, lo que debería ser motivo de preocupación nacional en la que el Gobierno tomara el liderazgo para afrontarlo.
• Una adecuada contabilización de los parados, es decir, de quienes pudiendo y queriendo trabajar, no encuentran trabajo, probablemente elevaría su cifra hasta el entorno de los 3,5 millones de personas.
• Los contratos temporales han derivado a fijos discontinuos, pero también a contratos indefinidos que son, de hecho, temporales. Al menos 40.000 personas han suscrito más de un contrato de trabajo indefinido en el mes.
• Durante el mes de enero, las Administraciones Públicas han contratado a casi 70.000 personas, lo que tiene una difícil explicación, al concentrarse esta contratación en su mayor parte en la Administración Estatal.
• Mientras que los contratos indefinidos a tiempo completo han sido 236.000, los celebrados a tiempo parcial y fijos discontinuos han sido de casi 295.000.

Estos hechos, y otros que se han puesto de manifiesto por los más variados analistas (baste poner como ejemplo el dramático estancamiento de las horas trabajadas desde 2019), retratan un mercado de trabajo en el que la precariedad se maquilla, la productividad retrocede, el sector público ocupa espacios cada vez más amplios, y el coste de la contratación convierte el contrato de trabajo en un lujo, en función tanto del incremento de los impuestos asociados al empleo, como por una elevación extraordinaria del Salario Mínimo Interprofesional. Si la reducción del desempleo fuera una verdadera prioridad, el Gobierno cambiaría radicalmente sus políticas, antes de que sea demasiado tarde.

Alfredo Tímermans, Viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid