La emancipación de los jóvenes en España se ha convertido en un proceso cada vez más tardío y complicado, en parte debido a factores económicos y sociales. Tal y como reflejan los registros de Eurostat, la edad media a la que los españoles abandonan el hogar familiar se situó el año pasado en 30 años, casi cuatro más que la media europea de 26,2 años, como explica el informe Young people leaving their home. Este retraso refleja la dificultad de los jóvenes para afrontar de manera autónoma los gastos de vivienda, alimentación y otros costes asociados a la independencia.

El acceso a la vivienda se ha convertido en un obstáculo cada vez más importante. Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio medio de la vivienda en venta alcanzó en el tercer trimestre de 2025 los 2.153,4 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 12,1% respecto al año anterior. Esta cifra marca un nuevo récord histórico, superando incluso los 2.101,4 euros por metro cuadrado registrados en 2008, y evidencia que el mercado inmobiliario no ofrece alternativas asequibles para los jóvenes que buscan emanciparse.

Ante esta situación, compartir piso se ha consolidado como la única opción viable para muchos jóvenes que quieren abandonar el hogar familiar antes de alcanzar la media nacional. Sin embargo, esta alternativa trae consigo desafíos significativos, ya que convivir con desconocidos puede generar conflictos por el reparto de gastos, diferencias en los hábitos de limpieza, el ruido o la gestión de invitados. Los desacuerdos por la división de facturas de luz, agua y servicios de internet son habituales, y las disputas por el uso de espacios comunes pueden afectar gravemente la convivencia.

Firma este contrato para garantizar tus derechos

En este contexto, los pactos asistenciales surgen como un instrumento legal que permite regular las relaciones entre personas que comparten vivienda y gastos. Tal y como exponen los notarios, se trata de un contrato privado que establece derechos y obligaciones claras para cada conviviente, definiendo cómo se reparten los costes, quién se encarga de determinadas tareas y qué procedimientos seguir en caso de que alguien decida abandonar la vivienda. Estos pactos funcionan como un seguro que protege a todas las partes y evita conflictos futuros.

El pacto asistencial no solo regula los aspectos económicos, sino también los derechos de los convivientes en relación con los bienes comunes o compartidos. Por ejemplo, se pueden incluir cláusulas sobre la custodia de muebles, electrodomésticos o depósitos de alquiler, de manera que quede claro quién asume la propiedad y quién es responsable de los daños. Esta claridad reduce la incertidumbre y proporciona un marco jurídico que respalda las decisiones tomadas por cada miembro del hogar.

La flexibilidad de los pactos asistenciales

Además, estos acuerdos permiten adaptarse a cambios en la convivencia a lo largo del tiempo. Si uno de los inquilinos deja de aportar económicamente o cambia de domicilio, el pacto asistencial puede contemplar mecanismos de compensación o reorganización de los gastos. Los notarios recomiendan que estos contratos se redacten de forma detallada y con asesoramiento profesional, ya que cuanto más precisas sean las cláusulas, menor será el riesgo de conflictos o reclamaciones legales. También se pueden incluir cláusulas de salida, acordando cómo se resuelven los gastos y la propiedad de los bienes comunes.

Por ende, en la actualidad, esta clase de pactos se presentan como una herramienta imprescindible para quienes deciden compartir vivienda y gastos, especialmente en un contexto donde la emancipación temprana resulta casi imposible. Gracias a estos contratos, los jóvenes pueden convivir de manera más ordenada, proteger sus derechos y establecer obligaciones claras, reduciendo la incertidumbre y los conflictos que surgen al vivir con personas desconocidas mientras se enfrentan a los altos precios del mercado inmobiliario.