La UE quiere multar a empresas y Administraciones que no paguen antes de 30 días

La Comisión Europea inaugura el curso político con un paquete legislativo que pretende aliviar la situación de las pymes europeas. Bruselas quiere que a partir de ahora haya penalizaciones automáticas para aquellos clientes que tarden más de 30 días en pagar una factura que haya sido emitida por un pyme, ya que actualmente tan sólo el 40% de los recibos son abonados a tiempo. Además, estas empresas podrán pagar impuestos según la normativa de su país de origen, aunque sus negocios estén implantados en varios países europeos.

Según los datos del Ejecutivo comunitario, existen 24 millones de pymes en Euriopa, que suponen el 99% de todas las empresas, dos tercios de los puestos del sector privado. El objetivo del Ejecutivo comunitario reside en facilitar su expansión mejorando el acceso a la financiación, luchando contra la excesiva carga administrativa y los retrasos en los pagos. «Un cuarto de las quiebras de pymes tienen su origen en retrasos de pago, que a veces llegan a 100 o 20 días», aseguró el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, quien presentó ayer esta propuesta que ahora mismo debe pasar el visto bueno de las capitales europeas y la Eurocámara para que pueda entrar en vigor.

En realidad, la iniciativa presentada por la Comisión Europea mantiene el plazo vigente de 30 días, pero reduce las numerosas excepciones que existen en la normativa vigente y que permiten que algunos pagadores tengan condiciones más ventajosas. Por ejemplo, la normativa actual permite ampliar este plazo para ciertas entidades públicas como hospitales. Además, la legislación vigente también permite que las empresas negocien otro lapso de tiempo más amplio a la hora de abonar las facturas, siempre y cuando éste no pueda considerarse «extremadamente injusto». Un concepto ambiguo que acaba generando numerosos litigios judiciales.

Por eso, esta propuesta quiere poner en marcha un plazo vinculante para todas las transacciones europeas, sin ningún tipo de ventaja para las administraciones públicas que suelen ser los peores pagadores. Tampoco se permite ninguna cláusula sobre plazo adicionales justos.

Para que esto no quede en papel mojado, cualquier retraso de estos 30 días vendrá acompañado de multas automáticas que incluyan intereses por demora y una penalización de 50 euros. Actualmente, muchas pymes acaban renunciando a cobrar estas facturas por el coste adicional que suponen los trámites judiciales. Además, la Comisión Europea pretende también en las licitaciones de obras públicas los contratistas principales demuestren que han abonado las facturas a tiempos a las pymes subcontratadas, ya que en muchas ocasiones tan sólo proceden al pago cuando la obra se ha terminado.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha valorado positivamente esta propuesta del Ejecutivo comunitario ya que «la morosidad es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las pymes, pero que a su vez es un problema complejo que necesita un marco integran que la reduzca». La patronal recuerda que, con los elevados tipos de interés actuales, sería necesario «evaluar la posibilidad de que la activación de la norma se produzca de forma escalonada, iniciándose ésta, en primer lugar, por las administraciones públicas; posteriormente por grandes empresas; y por último, por pequeñas empresas y autónomos».

Según los datos de la confederación, entre abril y junio el periodo medio de pago en operaciones comerciales entre empresas se situó por encima del periodo máximo legal de 60 días que establece la ley, lo que supone un gasto para la empresas en deuda comercial de alrededor 2.400 millones de euros.

La propuesta también quiere que los Estados pongan en marcha agencias nacionales para encargarse de la supervisión de los cobros. Además, el Ejecutivo comunitario ha presentado también otra serie de medidas para facilitar que las pymes que operan en varios países paguen sus impuestos sin tener que lidiar con varias administraciones tributarias. Bruselas calcula que esta medida reduciría en un 32% los costes de administración y permitiría ahorrar 34.000 millones de euros anuales. La iniciativa plantea que las empresas calculen su base imponible según las normas del país en el que tienen su sede y presenten una única declaración de impuestos, lo que supone un esfuerzo de coordinación de las diferentes administraciones tributarias.