Rebelión de los interventores, tesoreros y secretarios municipales por la cesión de sus competencias a Cataluña

Dentro de su nuevo plan para recuperar a Junts como socio del Gobierno de coalición, el Consejo de Ministros aprobó el martes devolver a la Generalitat de Cataluña dos competencias más: la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales para, según dijo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumplir de los compromisos adquiridos con la formación independentista catalana. Con esta medida, la Generalitat de Cataluña podrá convocar, "de forma coordinada con el Estado", los concursos para las plazas vacantes, resolviendo la asignación del primer destino y las situaciones administrativas pertinentes.

El ministro de Función Pública, Óscar López, defendió que se trata de una competencia que ya se dio a Euskadi en el año 2022 y que todas las comunidades autónomas tuvieron entre 2007 y 2013. La Generalitat ya recibió esa competencia en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que el posterior gobierno de Mariano Rajoy lo anuló.

Pues a partir de ahora, los procesos de selección de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional serán controlados por el gobierno autonómico de Salvador Illa una vez se apruebe el real decreto de medidas urgentes para la actividad inversora de las entidades locales y comunidades autónomas, que así se denomina en el que está incluido. Y la decisión no es baladí. Los habilitados nacionales son funcionarios de la Administración Local que ejercen como interventores, tesoreros y secretarios municipales, una figura muy relevante para los pequeños municipios de la España rural.

El Gobierno defiende que tradicionalmente estos puestos sufren muchas vacantes, la mayoría en Cataluña -cuatro de cada diez, según apuntan fuentes ministeriales-, y que esta cesión "sería una forma de terminar con ese déficit funcionarial y solucionar un problema que se lleva arrastrando desde hace muchos años"

Sin embargo, la reacción de este colectivo no ha sido proclive a esta decisión y su rechazo ha sido frontal. La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital) ha manifestado su "más firme rechazo" a esta porque supone un "ataque directo a la independencia de un cuerpo funcionarial clave en el control de la legalidad y la gestión económica de miles de ayuntamientos españoles. Los habilitados nacionales no somos moneda de cambio política".

Según han manifestado a LA RAZÓN fuentes de la asociación, "los secretarios, interventores y tesoreros garantizamos cada día la legalidad, el control económico, la transparencia y la neutralidad en ayuntamientos y diputaciones. La lejanía del foco de poder político sobre el que ejercemos nuestra función de control es una garantía adicional de imparcialidad, por lo que la cesión de nuestra selección y gestión a una comunidad autónoma rompe el modelo constitucional existente, pone en riesgo la imparcialidad, abre la puerta a presiones políticas y debilita los controles que protegen a la ciudadanía".

Por ello, estos habilitados nacionales "defendemos un sistema único y estatal porque asegura igualdad, objetividad y buen gobierno. No aceptamos que se trocee ni se utilice para cerrar acuerdos políticos", y por ello denuncian que se están vulnerando "los principios de independencia, objetividad profesionalidad que justifican la existencia del Cuerpo de Habilitación Nacional" y que la decisión se ha tomado "sin diálogo" y mediante un instrumento normativo de urgencia "que carece de conexión material con la materia que dice regular. El Gobierno ha decidido sacrificar la imparcialidad y la independencia de los habilitados nacionales para asegurar apoyos parlamentarios", señalan, y califican esta maniobra legislativa como un "grave menoscabo del régimen jurídico del Cuerpo y una vulneración frontal del marco constitucional".

De este modo, desde Apsital recuerdan que el Tribunal Constitucional estableció en su sentencia 25/1983 que la selección y adscripción de los cuerpos nacionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros es "competencia exclusiva del Estado", al formar parte del núcleo de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, por lo que "queda blindado el carácter estatal de estos funcionarios, cuya independencia se considera fundamental para garantizar el control de legalidad en las entidades locales, especialmente en municipios pequeños donde las presiones políticas locales pueden ser más intensas".

Este colectivo de funcionarios con habilitación de carácter nacional que ejercen en más de 8.000 entidades locales españolas advierten que iniciarán movilizaciones para defender su independencia, y ni siquiera descartan una posible convocatoria de huelga.