Primero fue la Comisión Europea y ahora es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que se posiciona en contra de la oposición del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a permitir que las rutas internacionales de autobús puedan hacer cabotaje en territorio español. Después de que la Comisión se mostrase en contra del planteamiento del departamento que dirige Óscar Puente en un dictamen publicado en abril, ahora es la justicia europea la que ha desestimado un recurso que presentó España para pedir cautelares contra esa decisión de la Comisión Europea.

El modelo actual de transporte de autobús de larga distancia se basa en contratos concesionales que gana una única empresa para operar una ruta determinada. Sin embargo, la alemana FlixBus solicitó prestar un servicio entre Tréveris (una ciudad de Alemania) y Madrid, con la posibilidad de coger pasajeros dentro de España y transportarlos entre dos ciudades dentro del país (por ejemplo de Madrid a Barcelona), lo que se conoce como cabojate.

El Gobierno español se opuso a ello, al argumentar que ese cabotaje no se permite en España, pero la Comisión Europea sentenció que FlixBus sí puede hacerlo.

Ahora, es el TJUE el que, en un auto fechado el 2 de octubre, ha desestimado la solicitud de España de suspender la decisión de la Comisión asegurando que "no ha aportado suficientes elementos de prueba para demostrar la urgencia a efectos de la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada o para acreditar que no puede esperar al término del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio grave e irreparable".

Riesgos

España alegaba que utilizar plazas de una ruta internacional para trayectos domésticos, en cumplimiento del reglamento europeo 1073/09, suponía la existencia de "un riesgo de paralización del servicio público de transporte regular de viajeros". En particular, señalaba que la prestación del cabotaje dentro del servicio regular internacional solicitado tendría un impacto negativo sustancial sobre la rentabilidad y afectaría seriamente a la viabilidad de la concesión Madrid-Zaragoza-Barcelona, que presta el Grupo Alsa.

Desde el Gobierno se oponen también a ese sistema al entender que las empresas solo se interesarían por las rutas más rentables, lo que ocasionaría un perjuicio a las zonas rurales, que tendrían que estar cubiertas completamente con recursos públicos y no con los fondos que provienen de los beneficios vinculados a las rutas más rentables. Además, sostiene que dar vía libre al cabotaje tendría “una afección directa no sólo sobre la concesión afectada, sino también sobre la seguridad jurídica del conjunto de rutas, al poner en riesgo inmediato el conjunto de contratos concesionales”.

Desde la plataforma Viaja Más en Autobús, que defiende el cabotaje, recuerdan que esa concesión entre Barcelona y Madrid lleva caducada 12 años, por lo que tampoco ha mediado ninguna licitación para elegir a ese operador.

Patronales como Anetra y Direbus, que representan a las pequeñas y medianas empresa del sector, defienden el cabotaje porque, en su opinión, tiene varias ventajas. La primera, que supone un aumento de frecuencias en las rutas en que se aplica. Además, añaden, reduce las emisiones de CO2 gracias a un mejor aprovechamiento de las plazas e incrementa las opciones de transporte asequible para muchos ciudadanos, mejora la conectividad internacional por autobús y contribuye a la vertebración territorial.

Igualmente, rechazan como oponen sus detractores que elimine o reordene las líneas o paradas actuales y que lesione el sistema concesional, que ya compite con opciones como el coche compartido y el perfil de usuarios de unos y otros servicios, aseguran, es diferente.