Rodrigo Rato: «El Gobierno de Rajoy dijo que tenía que dormir en el calabozo»

Con el estallido del caso de las tarjetas, mis clientes inmobiliarios británicos y del golfo Pérsico dejaron de tratarme. Un consejo asesor de un banco español al que pertenecía fue disuelto por la nueva dirección. Alguna colaboración con un private equity [...] estadounidense sí se mantuvo. Mi amigo Vicente me confirmó en el bar del hotel Velázquez que a esas alturas estaba solo y otro amigo, Javier, vino a casa a pedirme que renunciara al carnet del PP, que tenía desde 1979. Así lo hice. La tensión en la calle crecía. Las miradas eran duras, críticas, al igual que los comentarios de gente que se cruzaba conmigo. Yo andaba como sonado. Todo pasaba como si nada tuviera importancia, pero lo cierto era que los espacios en los que me había movido en los últimos treinta años de mi vida se iban cerrando día a día. Años más tarde, supe que el propio Luis de Guindos había llamado, sin éxito, a un consejero de unos grandes almacenes españoles para instarle a que despidieran a un directivo que había sido beneficiario de una de esas tarjetas. Lo mismo hizo con otra persona en la Comunidad de Madrid, pero esa vez logró su propósito.

Mientras tanto, pasaban otras cosas, muchas de ellas señales de lo que estaba por venir. Recibí un contundente recado de Fátima Báñez, ministra de Trabajo: «Aléjate de Rodrigo, que va a tener problemas». Un director de un periódico nacional me invitó a comer al hotel Santo Mauro de Madrid, donde coincidimos con Carlos Slim, con quien charlamos brevemente. En la comida, el periodista me dijo: «¿Sabes que te van a detener?». No supe responder. Días más tarde, fui a visitar a un destacado político del PP, ya retirado, que me dijo lo mismo: «El Gobierno quiere meterte en la cárcel». Era marzo de 2015. Por esas fechas, Alicia y yo cenamos con los veteranos periodistas de La Vanguardia Mar Díaz-Varela y Mariano Guindal en un restaurante especializado en setas y a los postres nos dieron el mismo mensaje. Me sentía indefenso, pero me negaba a creerlo. Yo conocía mis pecados y no creía que ninguno me pudiera llevar hasta la cárcel. Sentía que si alguien quería atacarme o vengarse ya era más que suficiente lidiar con el tema de las tarjetas y con Bankia. Me equivocaba. [...]

El lunes 13 fui a recoger a Alicia a su trabajo, que estaba angustiada. Un amigo que trabajaba en un confidencial le había llamado para contarle que iban a publicar que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, me estaba investigando por haberme acogido a la regularización fiscal de 2012. Al parecer, el Sepblac estaba haciendo indagaciones a varias de las casi 30.000 personas que habían regularizado su situación fiscal, pero apenas se filtraron algunos nombres y, significativamente, el mío. A la mañana siguiente, la noticia abría los informativos. Una radio me llamó a casa. Yo ni lo negué ni lo reconocí, no sabía qué hacer ni cómo defenderme. Un día después, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirmaba en declaraciones a la agencia Efe la información. «[El señor Rato] accedió a una regularización fiscal y eso tiene un tratamiento meramente fiscal. Lo que se está investigando por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales es si el origen de esas rentas regularizadas es lícito o ilícito. De momento no sabemos nada», fueron sus palabras. Una evidente conculcación del derecho de todos los contribuyentes a que sus datos fiscales, sean cuales sean, estén protegidos por la Administración Tributaria, que es quien los gestiona. Estaba claro, además, que era un tema que se discutía entre los ministros. Ningún ministro puede conocer los datos fiscales de un contribuyente y menos hacerlos públicos, pero claramente en el Gobierno de Rajoy no era así. Ahora las advertencias de Fátima Báñez cobraban cada vez más sentido.

Era jueves 16 de abril. Aquella mañana cuando salí de casa había un todoterreno apostado en la esquina de mi calle con Castelló. El vehículo me siguió toda la mañana, mis escoltas se percataron de su presencia y al comprobar la matrícula me informaron de que el coche pertenecía al Servicio de Vigilancia Aduanera, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. En cuanto terminé de hacer las gestiones imprescindibles volví a casa. Ese día comí solo y fue entonces cuando me llamó un amigo que había sido secretario de Estado de Seguridad para contarme que «un comisario amigo mío me ha llamado para contarme que te van a detener». Eran poco más de las tres de la tarde. En ese momento debí haber llamado a mi abogado, pero lo que se me ocurrió fue llamar a Pedro Arriola, al que conocía hacía muchos años, para ver si me podía confirmar que esa era la intención del Gobierno.

Estaba al teléfono cuando llamaron a casa, al timbre y con fuertes golpes y voces en la puerta. Una turba de agentes con chalecos del Servicio de Aduanas apareció en el descansillo, eran tantos que se amontonaban en las escaleras y llegaban hasta el piso de abajo. No les pedí ni identificación ni autorización judicial. Estaba noqueado y les dejé hacer.

En minutos se llenó la casa de gente, creí contar más de veinte personas. El registro se producía por una denuncia presentada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), una sección de la Agencia Tributaria, ante la Fiscalía de Madrid en base a lo que se denomina «denuncia temprana». Acompañaba a los agentes una secretaria judicial, que supuestamente iba tomando nota del registro, pero que se sentó en la biblioteca de casa y ya no se levantó. Llegó mi hijo del colegio y se quedó parado en la puerta, sin dar crédito ni saber qué hacer, pero demostrando gran entereza para un chaval de su edad. Poco después llegó Alicia, a la que la noticia le había pillado en la redacción del periódico. Fue siguiendo a los agentes a donde le pedían para hacer el registro. No sé lo que buscaban, pero miraron en los lugares más insospechados, un cajón de ropa interior en el dormitorio, un mueble de mi madre para las bandejas junto al comedor. Incluso hacían comentarios entre ellos sobre la casa y el contenido que iban encontrando, como si no estuviéramos presentes. Llegaron mis hijas, así como mi abogado, Ignacio Ayala, que se había enterado por la radio. En un momento dado se pusieron muy agresivos porque teníamos una caja fuerte, que no habíamos utilizado nunca y no recordábamos ni dónde estaban las llaves. Al cabo de un buen rato aparecieron, pero no nos acordábamos de la clave. Los agentes se pusieron más tensos aún, mientras otros acumulaban los papeles que encontraban en cajas, entre ellos algunos diarios de mi madre, fallecida diez años antes. Después de muchas combinaciones logramos abrir la caja fuerte y para su decepción no solo estaba vacía, sino que tenía incluso restos de obra en su interior. Era evidente que no había sido utilizada nunca. Entonces decidieron llevarme a mi oficina.

Al salir a la calle había todo un circo montado, la calzada cortada al tráfico, gente arremolinada cerca del portal, policías y periodistas por todos lados. Buscaban mi foto entrando en un vehículo policial, aunque en este caso fuera del Servicio de Aduanas, y la imagen dio la vuelta al mundo. Las cámaras de televisión estaban apostadas en el portal de enfrente y habían grabado incluso la entrada de los agentes de Aduanas. Como supe después, habían llegado antes que ellos gracias al aviso de María Pico, jefa de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno. Algunos reporteros llegaron a ofrecer dinero a varios vecinos del edificio de enfrente para filmar nuestra casa desde sus pisos; nadie aceptó.

El registro de mi oficina duró más de cuatro horas, en un ir y venir de algo más de veinte agentes de Aduanas y personal de la ONIF deambulando por unos escasos setenta metros cuadrados. [...] De ambos registros se llevaron doce millones de documentos, que ocupaban dos terabytes de memoria, según el auto de octubre de 2020 del juez de instrucción del Juzgado 31, Antonio Serrano Arnal, que es quien lleva mi causa. La denuncia se refería a los ejercicios 2012 y 2013, pero la secretaria judicial autorizó a Terán a llevarse todos los documentos que quería. Total, su decisión no iba a tener ninguna consecuencia para ella. Otro caso más de omnipotencia e impunidad. Cuando dieron por terminado el registro, sobre las 22:00 horas, el juez dudaba si me enviaba a dormir a comisaría o volvía a mi domicilio. Después supe que estaba previsto que pasara la noche en la comisaría de Chamberí, donde el comisario, al ser informado esa tarde de que yo podía acabar la noche allí, preparó un despacho. Desde el Gobierno le dijeron que tenía que dormir en el calabozo. Al final, [...] el juez decidió levantar la detención y volví a dormir a casa.

Cinco años después, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo declaró nulos los registros, que se realizasen sin estar incluidos en un proceso formal de inspección. [...] Ese era mi caso y, por tanto, la Fiscalía no podía haber respaldado los registros de mi casa y mi oficina, según decía el Alto Tribunal. Apelando a esa sentencia, se lo comunicamos al instructor del Juzgado 31, Antonio Serrano Arnal, que ignoró nuestra reclamación. [...] Acabaría acusándome de delitos por hechos por los que a los demás les hacen una simple inspección. Aprendí que la Justicia en España no es que no sea ciega, es que es distinta según quien seas.