No son los jubilados ni los autónomos: este colectivo es “el gran olvidado del sistema”, según un abogado laboralista

En España, el debate sobre las pensiones y la protección social suele girar en torno a los jubilados y los autónomos. Uno concentra la atención cada vez que se discute sobre sostenibilidad del sistema, mientras que el otro aparece de forma recurrente en las conversaciones sobre cuotas, derechos laborales o acceso a prestaciones. Sin embargo, hay un tercer grupo, menos mediático, que apenas ocupa espacio en titulares pese a superar el millón de personas: quienes viven con una incapacidad permanente.

La invisibilidad de este colectivo ha sido subrayada por especialistas en derecho laboral, como el abogado Víctor Arpa, que denuncia que estas personas son “los grandes olvidados del sistema”. La afirmación no es gratuita.

Según datos de la Seguridad Social, más de un millón de ciudadanos perciben algún tipo de pensión por incapacidad permanente. La mayoría se encuentra entre los 45 y los 64 años: no son ancianos ni personas inactivas por elección, sino trabajadores que desarrollaron enfermedades crónicas, dolencias reumatológicas, respiratorias o neurológicas que les impiden continuar con su profesión.

¿Cuál es el colectivo "más olvidado" del sistema, según un abogado laboralista?

El marco legal español contempla distintos grados de incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y gran invalidez. Cada uno determina el nivel de pensión que corresponde, que puede oscilar entre el 55 % y el 75 % de la base reguladora, con incrementos en algunos casos. El reconocimiento depende de que un tribunal médico y los órganos de la Seguridad Social determinen la imposibilidad de desempeñar el trabajo habitual o cualquier empleo.

Pese a tratarse de un derecho consolidado, la práctica es mucho más restrictiva de lo que parece. Quienes atraviesan este proceso se enfrentan a expedientes largos, revisiones periódicas, pero sobre todo, cuantías limitadas, muy lejos de las pensiones de jubilación media. A esto se suma que las incompatibilidades con el empleo reducen las opciones de volver a integrarse en el mercado laboral.

La situación de las personas con incapacidad permanente ha dado un paso adelante con la Ley 2/2025, que eliminó la posibilidad de extinguir automáticamente un contrato tras la concesión de una pensión de este tipo. Ahora, las empresas deben analizar antes si es viable aplicar ajustes razonables en el puesto de trabajo, tal como dicta la jurisprudencia europea.

Hasta esta reforma, la concesión de una incapacidad permanente suponía de facto la pérdida del empleo, aunque el trabajador aún pudiera desempeñar tareas adaptadas. La novedad abre la puerta a que, en algunos casos, estas personas mantengan un vínculo laboral y no vean reducida su actividad profesional de manera drástica.

Aun así, los expertos advierten de que se trata solo de un primer paso. Según apuntan abogados laboralistas, el cambio no elimina las dificultades económicas y sociales de este colectivo, sino que plantea un nuevo escenario en el que deberán reclamarse con más fuerza derechos efectivos y medidas de inclusión real.

Las razones de su invisibilidad

El “olvido” de quienes viven con incapacidad permanente tiene varias causas:

• Edad laboral activa: la mayoría de afectados está en plena edad productiva, lo que los sitúa en una zona gris, sin el reconocimiento en las pensiones que reciben los jubilados.
• Derechos desiguales: sus pensiones son más bajas y se someten a revisiones periódicas que generan incertidumbre. No disfrutan del mismo blindaje que un pensionista jubilado.
• Dificultades para trabajar: aunque en teoría pueden compatibilizar su pensión con ciertos empleos, en la práctica las opciones son reducidas y poco fomentadas.
• Complejidad administrativa: el proceso de reconocimiento exige cumplir estrictos requisitos de cotización y superar revisiones médicas, lo que complica el acceso.

Como dice Víctor Arpa: "Detrás de cada pensiónhay una historia de alguien que trabajó toda su vida y que se ve obligado a redefinir su futuro de manera abrupta".

La atención pública se concentra en colectivos cuya voz resulta más visible, pero los datos demuestran que quienes viven con incapacidad permanente son una parte significativa de la población activa que se queda fuera del debate social. Avanzar hacia una mayor protección exige no solo cambios legislativos, sino también un reconocimiento social que evite que sigan siendo los “olvidados del sistema”.