Los técnicos de Hacienda acusan a la Administración de incentivar el fraude fiscal con la externalización de la inspección tributaria local

"Externalizar la inspección tributaria en el ámbito local no es conforme a Derecho y abre la puerta a mayores riesgos de fraude fiscal". Así lo ha denunciado el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha vinculado esta "peligrosa deriva" en la lucha contra el fraude a la "deficiente dotación y gestión de los recursos humanos" en las administraciones que tienen encomendada la aplicación del sistema tributario y el control de la ejecución del gasto público.

Como ejemplo de esta mala gestión de los recursos públicos ponen la evolución de la plantilla de la Agencia Tributaria que, con una edad media de 49,6 años, ha reducido su plantilla desde el año 2000 en más de 600 personas y mantiene paralizada su carrera profesional desde hace casi dos décadas, "con el agravante de los problemas para la movilidad de sus técnicos". Todo ello, a pesar de que desde el año 2000 la población residente ha crecido en torno a un 25% en España -de 40 a 49 millones-, las empresas activas han pasado de 2,59 millones a 3,25 millones, los casos de fraude han crecido y la evasión reviste "formas más complejas y sofisticadas".

Así lo ha expuesto el nuevo presidente de la organización, Javier Gómez Vergel, durante su intervención en el XXV Curso sobre Inspección y Actualidad Tributaria organizado por la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), en la que ha criticado "la falta de previsión y de buena gestión de los medios personales, que ha llevado a algunos ayuntamientos a externalizar funciones inspectoras", lo que desde Gestha consideran que "no solo es rechazable por la reducción de garantías de los ciudadanos y el riesgo de pérdida de confidencialidad de los datos, sino contrario a Derecho al implicar el ejercicio de potestades públicas esenciales por empresas privadas".

Para Gestha, la deficiente gestión de los recursos personales en la administración tributaria tiene "consecuencias nefastas para los intereses generales", como el desplome del 82% en el número de denuncias por delitos contra la Hacienda Pública desde 2011, la reducción de un 18% desde 2015 de los ingresos derivados en la prevención y la lucha contra el fraude en relación con el tamaño de la economía productiva, o la pérdida de oportunidad de no lograr una mayor investigación del fraude, que ha supuesto a la AEAT no recaudar cientos de millones adicionales solo en el último año.

Por todo ello, los técnicos reclaman reforzar y reconocer los medios de Ministerio de Hacienda -en particular de la AEAT y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)-y organismos análogos en las comunidades autónomas y haciendas locales para "combatir el fraude, garantizar la legalidad y mejorar el control del gasto público".

En consecuencia, Gestha ha convocado una jornada de huelga y una concentración en Madrid el 26 de noviembre para denunciar "la falta de medios, el bloqueo de la carrera profesional, la escasa movilidad, el pobre reconocimiento de las funciones y la creciente complejidad y responsabilidad del trabajo que realizan". A juicio de la organización, esta combinación "debilita la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público". Según su presidente, Javier Gómez Vergel, "es necesario proteger las garantías de la esfera patrimonial del contribuyente reconociendo el trabajo de los técnicos y fortaleciendo la función tributaria de las administraciones".