Un Gobierno sin control

«La inactividad parlamentaria sitúa al Legislativo en la marginalidad política»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez momentos antes de la reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu mantenida este lunes en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/Ballesteros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez momentos antes de la reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu mantenida este lunes en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/BallesterosBallesterosEFE

Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma –se publicó en el BOE el 25 de octubre de 2020–, se incluía a su vez no rendir cuentas en el Congreso en el plazo de dos meses. Se aprobó precisamente aprovechando la situación provocada por el avance de la pandemia, pero Pedro Sánchez aprovechó la situación para hacer un uso en beneficio propio de la puesta en marcha de dicha legislación de excepción.

No dudó en cumplirla, pero sólo en la parte que tenía que ver con el control que el Congreso debe ejercer sobre el Ejecutivo, que directamente cercenó, incluso en casos tan especiales como el que se está viviendo, mientras que asumió todos los poderes que le otorga la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio.

A pesar de que el Gobierno descarta tomar medidas tan duras como las del confinamiento, quería disponer de una legislación que le protegiera en caso de que la situación empeorase, como es el caso, y que amparase esa excepcionalidad política de no ser sometido a control parlamentario. Después de que el 29 de diciembre el Congreso diera el visto bueno a la prórroga del estado de alarma –recuérdese que Sánchez abandonó la sesión, lo que se interpretó como un desprecio al control del Legislativo–, el presidente del Gobierno se veía obligado a comparecer cada dos meses a rendir cuentas ante la cámara, pero sin que se realice votación alguna, lo que ha cumplido escrupulosamente.

La última vez fue el 16 de diciembre y la próxima será el próximo 19 de febrero, dos meses después, y una vez se hayan celebrado las elecciones catalanas del 14-F, si es que al final se mantiene la fecha. Ni siquiera Sánchez deberá comparecer a los cuatro meses para reclamar –el 9 de marzo– la prórroga, si es que fuera necesario, algo que es inevitable según la evolución de la pandemia, sino que podrá hacerlo ante la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud.

Es decir, que el presidente del Gobierno dispone de plenos poderes, y como muestra de que los va ejercer está que no ha atendido a las peticiones del PP, el primer partido de la oposición, para que un pleno extraordinario diera cuentas de asuntos como el reparto de los fondos europeos contra la pandemia, un tema que no es menor y que va a marcar un equilibrio territorial necesario –a no ser que quiera explotarlo–, el acuerdo entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar una vez se ha formalizado el Brexit, o incluso el desastre causado por la borrasca Filomena, que le debe parecer un asunto prescindible o, como también con la pandemia, la responsabilidad acabe siendo de las autonomías.

Con una agenda mínima por parte del Rey, bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, sólo quedaba un poder legislativo neutralizado. El parlamento ha perdido el centro de la vida política y va camino de ser una institución más del Estado al servicio de Pedro Sánchez.