Don Felipe VI, con la Cataluña real

El Rey inauguró ayer la 41ª edición del Salón del Automóvil, rebautizado «Automobile Barcelona», una de las grandes citas feriales de la capital de Cataluña y termómetro de la salud económica de uno de los principales actores industriales de nuestro país. Precisamente, porque el sector no atraviesa uno de sus mejores momentos –con la producción lastrada por la crisis de la pandemia y con un mercado en el que es evidente la confusión de los consumidores ante los mensajes contradictorios gubernamentales–, la presencia de Don Felipe, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la ministra de Industria, Reyes Maroto, entre otras autoridades, fue especialmente reconocida por lo que representa el apoyo institucional de la Corona para la presentación de las apuestas de presente y de futuro de un sector tecnológico en continua evolución y altamente competitivo.

Así lo entiende también la mayoría de los catalanes, que siempre reciben con respeto no exento de simpatía al Jefe del Estado, reduciendo a mera anécdota las cansinas y fracasadas demostraciones de protesta de algunos nacionalistas desocupados. Por supuesto, no tiene la misma consideración la ausencia premeditada del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a quien habría que preguntar dónde cree que debería estar el principal representante de la ciudadanía catalana, de toda, cuando se lleva a cabo una cita de evidente importancia para el futuro económico del Principado. En este sentido, no debería el Gobierno, que es, en definitiva, quien marca la agenda oficial de la Jefatura del Estado, ceder a las presiones de unos partidos nacionalistas incapaces de ver más allá de sus mezquinos intereses y aceptar vetos absolutamente inicuos.

Más aún, cuando, como en el caso de la entrega de los despachos judiciales en la Ciudad Condal, la Corona refuerza la institucionalidad de la Justicia y su independencia como uno de los poderes del Estado. Porque, aceptar esas imposiciones, por mucha dependencia parlamentaria que tenga el Ejecutivo de tales socios, es tanto como ejecutar personalmente el veto contra Su Majestad. Los separatistas, amparados en esta democracia española que tanto desprecian, están en su derecho de denostar la figura de Don Felipe por lo que representa de garante de la soberanía nacional, pero el Gobierno debería actuar en consecuencia y exigir, al menos a los representantes del Estado en Cataluña, el respeto debido. Tiene los medios.