Aval a la desmemoria contrademocrática

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado el dictamen de la ley de Memoria Democrática, que saldrá adelante en el pleno del 14 de julio con el apoyo de la mayoría de socios del Gobierno. Es una norma para el escándalo que se ha agudizado por el protagonismo y la influencia de Bildu después de que el Ejecutivo hiciera suyas varias enmiendas de los proetarras, ya consagrados como el principal socio del PSOE. El texto definitivo recoge la exigencia de los bilduetarras de prolongar el marco temporal de su aplicación hasta finales de 1983, que afecta de lleno al gobierno socialista de Felipe González y a la primera etapa de los GAL. Sánchez ha asumido en nombre del Gobierno de España, más allá de que el franquismo no acabó con la muerte del que fuera jefe del Estado en 1975, que la transición ni fue modélica ni ejemplar ni mereció ser homologada como propia de un estado de derecho. El presidente, en suma, ha aceptado la narrativa etarra de la guerra sucia, la violación casi sistemática de los derechos humanos y de un estado represor que provocó, entre otras reacciones, la de ETA y toda su sanguinaria historia. El volantazo en la posición institucional socialista de más de cuatro décadas supone una decepción difícilmente asimilable en un orden político normal, aunque congruente con los precedentes acumulados por la coalición socialista comunista. Tras estos años de mandato, es poco discutible que son capaces de todo en pos de su proyecto de involución política, social, cultural y moral, sin respeto por resorte ni principio alguno, incluidos aquellos medulares en los que se anclan todas las democracias liberales del mundo, con la intención de perpetuarse en el poder y trabar en lo posible el camino a la alternativa. Ir de la mano de los albaceas de los verdugos de centenares de españoles, entre ellos socialistas, y dar la espalda a las víctimas en una ley que alienta el relato de una banda terrorista a la que se blanquea de forma descarada, nos parece desolador, impropio de una nación seria que se respeta a sí misma y a su historia y que inhabilita a todos los que comparten la autoría. Y, aunque esta mácula de origen ya sería más que suficiente para repudiar cualquier iniciativa, la Ley de Memoria Democrática representa además un ataque más de la izquierda ya antisistema contra la convivencia y el interés general de los ciudadanos. Se apila como una más del catálogo de esos panfletos legislativos pseudomemorísticos contra la verdad, la justicia y la reparación, que se consagran en ellos como términos vacíos, y que se constituyen como instrumentos para el rencor, la división, la confrontación y la imposición de un pensamiento único a la mayoría. Lo de Sánchez y Bildu es el aplastamiento de la verdad histórica, del legado de los auténticos antifranquistas que obraron la reconciliación, por parte de la ideología más sectaria y la política del revanchismo y el rencor. Como colofón, pactar con la marca de ETA deshonra a cualquiera, hacerlo en los días del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y del infierno de Ortega Lara es regodearse en la indignidad.