La Justicia clama en el desierto sanchista

El Rey presidió la apertura del año judicial en el tiempo más crítico para este poder del Estado, sumido en la excepcionalidad por la actuación de los agentes políticos. Hay responsabilidades diversas, presentes y pasadas, en el desgaste de un principio capital de la democracia como es la división de poderes y por ende la independencia de los tribunales, pero de entre todas sobresale con una gravedad particular y dolosa la del gobierno. En su discurso ante Don Felipe, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, lo detalló cuando censuró la reforma del Gobierno que maniata al Consejo y le impide hacer nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo. «El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia». El colapso es tal que hay 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25 % de los efectivos. Además, 49 de las 116 presidencias de tribunales no están desempeñadas por un presidente titular, y el 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros. Insistimos en que Pedro Sánchez es el primer culpable de la premeditada y alevosa intervención del CGPJ, que lo es de facto de un Poder del Estado ajeno a sus atribuciones. Y esta es la variable clave que carcome las vigas maestras que han sostenido las renovaciones anteriores del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace cuatro años. La decidida intención de Moncloa de someter a sus designios el criterio final de las instancias judiciales, atropellando su imparcialidad y el principio de legalidad. Esa voluntad quedó plasmada en la colonización de la Fiscalía General del Estado o en el obsceno espectáculo de vetar y levantar el veto vía decreto para que el CGPJ proceda exclusivamente a nombramientos de magistrados del TC con los que garantizarse el control del tribunal de garantías. Lesmes ha tenido razones de peso en estos años para recriminar al PSOE y al PP, como hizo de nuevo ayer, no haber alcanzado un acuerdo sobre una nueva composición del CGPJ, pero Sánchez y sus indisimuladas ambiciones han obligado a los populares de manera atinada a tomar toda clase de prevenciones para salvaguardar un contrapeso clave en el Estado de Derecho. Hallar un caso de injerencia semejante desde un Ejecutivo se antoja imposible. Ni la admonición europea continuada para despolitizar la Justicia ni la apelación a que España cumpliera con los estándares de la UE para que los jueces fueran elegidos por sus pares han frenado a Sánchez. El presidente del Supremo amenazó con dimitir si el bloqueo del Consejo proseguía en un órdago insólito y extemporáneo. Irse sería alimentar las sombras de un mandato contradictorio cuando lo que urge es la firmeza en defensa de la dignidad de los jueces, uno de los reductos que resisten a la pulsión despótica de un gobierno de bajísima calidad democrática. Sánchez no cree en la división de poderes y sin ella los derechos y libertades languidecen.