El fiasco inocultable de la reforma laboral

En 2022 se firmaron en España 18,5 millones de contratos, de los que, según las estadísticas oficiales, 7 millones fueron de carácter indefinido, es decir, un meteórico incremento del 232 por ciento en esta modalidad laboral, la que más seguridad proporciona a trabajadores y empresarios, y un éxito extraordinario de la reforma impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conseguido al alimón con los sindicatos y la patronal.

Hasta aquí, este ha sido el relato triunfal del Ejecutivo, ampliamente difundido por la propaganda gubernamental y, si se quiere, cubierto por el silencio de una CEOE presidida por Antonio Garamendi, que, por utilizar un término coloquial, se dejó llevar al huerto de la ministra a cambio de unas palmaditas en la espalda por parte del progresismo patrio, con la pasmosa colaboración, todo hay que decirlo, de Fátima Báñez, que apoyó con entusiasmo el desmantelamiento de la ley que ella misma había elaborado.

Porque la realidad, que tozudamente se va abriendo camino, es muy otra y nos habla de unas disfunciones en la citada Ley que provocan, nada menos, que el 72 por ciento de los contratos firmados sean temporales o eventuales, por más que las diferentes denominaciones burocráticas del Servicio Nacional de Empleo traten de ocultarlo. Se nos dirá, desde un cierto cinismo, que la obra de Garamendi ha terminado por salir perfecta, puesto que ha favorecido la contratación temporal, que es lo que en el imaginario de la izquierda favorece más a los empresarios.

Pero ese aserto no es más que la perpetuación de la caricatura progresista del mundo empresarial español, obligado, por cierto, a jugar con las cartas marcadas del poder político. Si Antonio Garamendi fuera empresario y no el primer funcionario de la patronal sabría que un mercado laboral depauperado favorece a quienes sólo son capaces de competir a base de bajos sueldos y mínimo esfuerzo inversor. Es decir, una competencia desleal frente a las empresas que innovan, apuestan por la calidad y abren mercados internacionales, y ello en un ambiente de imposición fiscal totalmente desproporcionado que hace que la economía española sufra unos costes laborales de los más altos de la OCDE. Pero si una política gubernamental, como la actual, empuja a las empresas a situaciones de supervivencia lo último que cabía esperar de la representación de los empresarios es que otorgara ese espaldarazo a tal fiasco.

Ciertamente, los sindicatos de clase, especialmente la UGT y CC.OO. no están exentos de responsabilidad, pero, en su defensa, poco podía esperarse de quienes se han convertido en mera correa de trasmisión de las políticas del poder de la izquierda. El único consuelo es que la opinión pública empieza a ser consciente del maquillaje estadístico del mercado laboral y del número real de desempleados, lo que confirma la realidad del día a día que viven los ciudadanos.