Una amnistía contra la democracia y el pueblo

La jornada de ayer fue probablemente la más funesta de la historia de la democracia. Se consumó el ataque contra sus principios más básicos por parte de aquel que debía salvaguardarla y protegerla de sus enemigos. Se materializó de facto la derogación del estado de derecho y la conculcación de una clave de bóveda del sistema como es la igualdad de todos los españoles ante la ley.

La amnistía, pactada por Moncloa con los propios beneficiarios del borrado de la memoria penal, salió adelante en la comisión de Justicia de la Cámara Baja después de que se cumplimentaran en un texto, por lo demás aberrante, todas las exigencias de Carles Puigdemont. En síntesis, Sánchez procedió con una gracia integral para todos los delitos de todos los relacionados con el procés y aledaños, como los Pujol y sus manejos. Nunca vacilamos en la convicción de que, cuando el presidente y los ministros se reafirmaron en que no modificarían el dictamen primero que se trató en la citada Comisión y que Junts echó abajo hace unas semanas, en realidad se desdecirían de su palabra sin pudor ni rubor.

El texto aprobado responde a una transacción mercantil y antijurídico que parte de la espuria visión de que una casta política puede cancelar el Código Penal en vigor y actuar contra la Constitución sin consecuencias. Exclusivamente por la voluntad y el arbitrio despótico de quienes detentan el poder. La ley de Amnistía que extiende una alfombra roja para que Puigdemont y compañía regresen a España en julio y sean candidatos a las elecciones europeas se ampara en disposiciones comunitarias e internacionales que entienden más laxas para oficializar la extinción de los procesos por terrorismo, traición y corrupción económica en relación con la malversación durante el periodo de años que ha convenido al independentismo.

Sánchez y Puigdemont, en una operación de ingeniería jurídica impropia de cualquier democracia, persiguen atar de pies y manos a los jueces. Pero una cosa es el propósito y otra muy diferente que salga bien. Pensar que por un contubernio trapacero se puede desactivar el ordenamiento penal español, que lo es también europeo, como el europeo lo es español, resulta tan poco realista y consistente que los encausados del procés no deberían estar tranquilos. En todo caso, mentira tras mentira, infamia tras infamia, el sanchismo ha abocado a la nación a una degradación y a una espiral peligrosísimas para el orden y la convivencia bajo un liderazgo carcomido por actos fraudulentos e ilegítimos contrarios el interés general.

La entente de Moncloa y sus socios es un monumento a la peor de las corrupciones, la política, con la venta de una amnistía a cambio del voto de los delincuentes amnistiados que ya amenazan con la autodeterminación. Es una corrupción sobre otra corrupción, la económica del caso Koldo, que se ramifica como la gangrena entre ministerios y estructuras socialistas con visos de sistémica. Combatir la amenaza es un deber que la oposición tiene que asumir por todos los medios y en todos los frentes.