La insidia, el último recurso del sanchismo

No ostenta el PSOE, precisamente, una historia de acrisolada probidad en lo que se refiere al uso de los dineros y de las instituciones del Estado. Tampoco el Partido Popular, cuya gestión de lo público ha sido más aseada de lo que pretende trasladar, con cierto éxito, a la opinión pública la izquierda, puede hacer demasiados alardes, pero lo que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados fue cómo un gobierno socialista tocado por un nuevo caso de corrupción recurría con asombroso desahogo a la insidia más baja, cuando no, directamente, a la calumnia, para tratar de deslegitimar unas demandas de explicaciones por parte de la oposición absolutamente pertinentes, razonables y que sólo el Ejecutivo puede facilitar.

Es evidente que será la Justicia la que establecerá el alcance de las denuncias y sospechas que están siendo investigadas, pero también lo es que ciertas decisiones políticas, ciertos nombramientos para cargos públicos efectuados desde el Gobierno, que ya fueron objeto de dudas, como la designación de Koldo García en puestos de consejero de Renfe y Puertos del Estado, deben tener su respuesta en el ámbito de la política por excelencia, como es la sede de la representación de los ciudadanos.

En este sentido, puede parecer normal que el presidente del Gobierno se haya tomado como un ataque personal que se le pidan explicaciones por la destitución en su día del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien, al mismo tiempo, ejercía como secretario de Organización del partido socialista –cargo del que también fue apartado, en una decisión que no tenía precedentes en el PSOE– y que ahora se encuentra en rebeldía, como diputado adscrito al Grupo Mixto y con un expediente de expulsión en trámite, pero el propio Pedro Sánchez debería admitir que, visto lo visto, la pregunta sobre si tomó la decisión de degradar al todopoderoso Ábalos a diputado raso porque conocía la presunta corrupción, es absolutamente pertinente.

Bastaba con un «sí» o un «no», pero el presidente optó por repetir las insidias contra Isabel Díaz Ayuso a costa de su hermano, al que dos fiscalías, española y europea, han exonerado de cualquier acusación, siguiendo la manida técnica «del ventilador», tanto más deplorable cuando se practica desde una pretendida superioridad moral. Sin embargo, no fue la oposición quien nombró a Koldo García como asesor del ministro Ábalos ni fue Núñez Feijóo el que se deshizo en elogios de un personaje cuyo enriquecimiento personal abona todas las sospechas. Tampoco fue el Partido Popular el que modificó presuntamente los contratos para pagar con fondos europeos un material sanitario que resultó, en el caso de Baleares, con Francina Armengol como presidenta, inservible. Trece años tardó la Justicia en sentenciar la corrupción socialista de los ERE. Aquí, no lo duden, también se aclarará lo ocurrido.