La Justicia, siempre al borde del colapso

En la estela de los letrados judiciales, que tras un largo pulso con el Ministerio de Justicia que preside Pilar Llop, han conseguido unas subidas salariales en el entorno de los 450 euros mensuales, jueces, fiscales y demás funcionarios adscritos al sistema judicial advierten con recurrir a la huelga para obtener unas condiciones de salarios que compensen la pérdida del poder adquisitivo, amén de unas condiciones de trabajo razonables para poder desempeñar su función, esencial en cualquier sistema democrático que se precie.

Mucho nos tememos que si los responsables ministeriales repiten el mismo patrón que en el conflicto laboral recién finalizado, los efectos del paro sobre la tutela judicial efectiva de los ciudadanos van a ser devastadores. Al fin y al cabo, si la administración de la justicia en España no ha colapsado se debe al alto concepto de la responsabilidad de un funcionariado con plantillas infradotadas, problemas de compatibilidad entre los distintos sistemas informáticos, falta de planificación a medio plazo ante el natural envejecimiento de sus trabajadores y unos niveles de litigiosidad, para nada ociosos, que, en lo social, se disparan con las crisis económicas.

Los datos, ya publicados en LA RAZÓN, hablan por sí solos de la magnitud del problema que, por lo visto, no se quiere afrontar. Mientras la media en Europa es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España cae hasta los 11 por 100.000. Si hablamos de los fiscales, la situación empeora: tenemos 5,1 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras la tasa europea es de 11,3 por 100.000 habitantes. Parece complicado que con estos números el Ministerio Público pueda hacerse cargo de la instrucción de los procedimientos cuando se reforme, si es que alguna vez llegamos a verlo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay más. Cada año entran en los distintos juzgados 2 millones de asuntos civiles y 3 millones de asuntos penales.

En consecuencia, la tasa de litigiosidad de la que hablábamos antes es de las más altas de la OCDE y el tiempo medio de resolución de un proceso está en los 362 días. Y, sin embargo, se exige a jueces, fiscales y demás funcionarios los más altos estándares profesionales, ya sea al abordar una macrocausa de corrupción pública, ya sea al resolver un simple procedimiento de desahucio por usurpación de vivienda o impago del alquiler, asuntos que tienen una influencia directa sobre la convivencia social e, incluso, el buen funcionamiento del mercado de la vivienda. Que en estas circunstancias, la Justicia española sea percibida por buena parte de la opinión pública como lenta y poco eficiente, sólo responde a la realidad. Sabemos que es predicar en el desierto, pero el conflicto que se avecina podría ser una buena oportunidad para que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en un gran pacto de Estado por la Justicia. Porque, un día, colapsará.