Koldo, Ábalos y sobre todo el «caso Sánchez»

El estado de derecho sigue su curso pese a las tragedias más desgarradoras. Las democracias se ven condicionadas por los traumas, pero no pueden detenerse bajo circunstancia alguna y menos por intereses particulares del poder. Es lo que ocurrió en la pandemia cuando Sánchez clausuró el Congreso de manera inconstitucional y suspendió el Poder Legislativo. Así que la maquinaria de la justicia avanza en el cumplimiento de su deber que pasa por la persecución del delito y la defensa del principio de legalidad. Pedro Sánchez recibió ayer otra noticia que causaría una reacción inmediata en cualquier responsable democrático íntegro. No es el caso. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó asumir la investigación de la actuación del ex ministro de Transportes y diputado y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, por la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante el estado de alarma provocado por la covid. El denominado «caso Koldo». Tras la exposición razonada remitida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la resolución de la Sala concluye que «los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación». Se ha abierto un frente decisivo y agravado que afecta al corazón del poder político del Estado, a eso que hemos convenido en tildar como el sanchismo. José Luis Ábalos no era un personaje menor o colateral en el entramado del Gobierno y del PSOE, sino la mano derecha del presidente y secretario general sobre la que gravitaba el engranaje del núcleo duro y la toma de decisiones sobre asuntos de Estado y de partido. El Tribunal Supremo concede pues veracidad al relato sobre la existencia de una red criminal en el despacho o el antedespacho de La Moncloa, lo que dilucidará esta instrucción y el resto de las que hay ya en curso sobre otras vertientes del escándalo. Como siempre, es obligado mantener la presunción de inocencia por más que los indicios se amontonen y las sombras de la corrupción se espesen sobre la Presidencia. En esta democracia maltrecha que Pedro Sánchez ha desvirtuado hasta extremos inconcebibles, no se asumirán responsabilidades en el Ejecutivo ni en el partido. Los socios parlamentarios se asegurarán de que el presidente no salga de La Moncloa y de que el pueblo no tenga voz ni voto por el pánico a que la alternancia, la recuperación del orden y la legalidad, pase la factura a tanta deslealtad. Nada honesto ni ético esperamos de un régimen que se esconde tras la teoría del bulo y el fango con la esposa del presidente, su fiscal general y su antiguo hombre fuerte investigados por delitos muy serios en los tribunales. La iniquidad en grado superlativo. Sánchez nunca dimitirá, incluso con la imputación. Solo confiamos en que los jueces se abran camino y prueben que todos somos iguales ante la Ley. La Justicia debe prevalecer.